En casi 500 carillas, el CELS resumió, como es su costumbre, los hechos más relevantes de 2006. En ese trabajo, que se puede ver en el
sitio web de la entidad, la ONG destaca la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad a través del enjuiciamiento y condena a los ex represores Miguel Etchecolatz y Julio "el Turco" Simón. Además, describe la situación de las cárceles, el proceso de recambio en la Corte Suprema y la reforma del Consejo de la Magistratura.
En ese contexto, la entidad de derechos humanos menciona el caso de Jorge Julio López, de quien no hay noticias desde el día en que faltó a la lectura del fallo que condenó a Etchecolatz, y hace hincapié en el proceso que derivó en la no admisión del ex policía Luis Patti como diputado.
El trabajo destaca la decisión del presidente Néstor Kirchner de reducir por ley el número de miembros de la Corte. “Es el cierre de un ciclo de reformas, que concluye con una Corte con gran legitimidad social e independencia que ha demostrado que tiene intención de fortalecer el rol de protección de los derechos humanos”, dijo Gastón Chiller, director ejecutivo de la institución.
La entidad valoró también las reformas efectuadas en el sistema de inteligencia militar, la reducción del número de presos sin condena en cárceles bonaerenses y el levantamiento del secreto para los archivos de inteligencia de la dictadura.
En la lista de críticas, el CELS destacó las dificultades del sistema judicial para avanzar en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. “Parece obvio que si la decisión política compartida es profundizar la vía judicial para estos crímenes, se debe trabajar en preparar al sistema de justicia penal para ello. En este sentido, el avance de los juicios puso en evidencia la cantidad de obstáculos que entorpecen las investigaciones en muchas jurisdicciones del país”, dice el informe.
En ese contexto menciona la falta de un mecanismo de protección a los testigos, jueces y fiscales, la precariedad de las justicias federales provinciales, la resistencia de la Cámara Nacional de Casación Penal y los problemas de planificación.
El documento cuestiona, además, la reforma del Consejo de la Magistratura. “Este proceso impactó fuertemente en el ámbito nacional y puso en evidencia problemas serios de la política judicial del oficialismo, que pareció despreocuparse de su agenda de fortalecimiento institucional y aprovechar el contexto para hacer un uso instrumental de la reforma, aparentemente, con la idea de dar una demostración de fuerza política”, se puede leer en el documento.
Y no se olvida de la fracasada reforma del Código Penal. “Aún con deficiencias, un proyecto de código con una base fundamentalmente limitadora del Derecho Penal se vio bastardeado, y acaso en lo que podría haber sido la apertura de un debate fructífero”.
El informe le dedica un capítulo especial a la “crisis de las justicias provinciales”, aunque pone el acento en Buenos Aires y Misiones. “Durante el 2006, la situación de la justicia en la provincia de Misiones se tornó crítica: se destituyó irregularmente a algunos jueces, se amplió la composición del Superior Tribunal y se lo renovó mediante un procedimiento poco transparente y cuestionado”, sostuvo la ONG.
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