Más de la mitad de la población respaldó el pedido de celeridad realizado por el presidente Néstor Kirchner a los jueces de la Cámara de Casación Penal en relación a los juicios por violaciones a los derechos humanos, según revela una encuesta del Programa de Estudios de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana. Según el trabajo, realizado los días 29 y 30 de marzo entre 1.000 adultos mayores de 18 años de la Ciudad de Buenos Aires, el 53,8 por ciento considera que el reclamo fue correcto. Además, el estudio indagó sobre el grado de insatisfacción con la Justicia, El 63,7% respondió que la Justicia es ineficiente y sólo el 12,8% dijo confiar en ella. En contraposición a la opinión del ciudadano común, la mayoría de los juristas y especialistas consultados se alarmaron por la forma en que el Gobierno cargó contra el tribunal penal.
Enfrenta un juicio por fraude migratorio en los Estados Unidos y un pedido de captura argentino
Ernesto Barreiro, quien habría participado en la represión ilegal, torturas y homicidios en el centro clandestino de detención de La Perla, se encuentra detenido actualmente en los Estados Unidos, lugar al que había huido en 2004 para evitar su captura en Argentina. Un pedido de captura de la Justicia argentina alertó a los servicios de migración de los Estados Unidos, los cuales tenían identificado a Barreiro al momento de ingresar a dicho país, de que el imputado había mentido sobre el hecho de que no tenía juicios pendientes en nuestro país. Por ese motivo, fue detenido el domingo pasado y afrontará un juicio por fraude migratorio en los Estados Unidos y el pedido de extradición de la justicia argentina por su papel en la última dictadura militar.
Van a la Justicia para obtener información oficial
Las asociaciones “Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad”, la Cooperativa de Trabajo (8300) y el Sindicato de Prensa de Neuquén -patrocinadas por la por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)- se presentaron ante la Justicia provincial para que le ordene al Poder Ejecutivo de Neuquén que entregue información sobre la pauta publicitaria oficial. Las organizaciones iniciaron una acción de amparo, que quedó radicada en el Juzgado Civil Nº 4, a cargo de Julia B. Buisson de Bagio, luego de que varias autoridades provinciales rechazaran, en más de una ocasión, sus pedidos. Lo que se solicitaban eran datos sobre la inversión publicitaria efectuada en el año 2005 y el primer semestre de 2006 a los distintos poderes del Estado. En Neuquén, no existe una ley que reglamente el acceso a la información pública. La acción se interpuso como consecuencia directa de la violación del derecho constitucional de acceso a la información pública, según los abogados de la ADC.
Su hermano trató de aclarar la situación frente a los medios de comunicación
En el último día hábil judicial de esta semana, Ángel Casafús acusó a la familia de María Marta García Belsunce de encubrir el crimen y arruinarle su carrera policial. Horacio García Belsunce –h- salió aclarar la situación ante los medios de comunicación tratando de refutar los argumentos del testigo que lo señalan como parte de una banda mafiosa y como uno de los principales encubridores del crimen. Aclaró que los dichos emanaron de un hombre con un gran resentimiento a la familia, por lo que no expresa la verdad de los hechos. Casafús había afirmado que la familia de la víctima era una banda de mafiosos, y que cuando Horacio García Belsunce –h- lo llamó llorando pidiéndole que detenga a la policía, al negarse cambió rápidamente la voz volviendo a ser el de siempre por lo que demostraría que estaba simulando aflicción. Este testimonio, sumado al del vecino médico que declaró el martes y a la de los vigiladotes han complicado la situación procesal de cada uno de los imputados.
Autorizan un cambio de apellido a la hija de un represor
En un fallo novedoso, la Justicia hizo lugar al pedido de la hija de un represor de la dictadura militar para suprimir su apellido paterno, del que dijo sentirse avergonzada, y la autorizó a usar sólo el apellido de la madre. El tribunal de Familia Nº 2 de Lomas de Zamora accedió por "justos motivos" a la demanda planteada por Ana Rita Laura Pretti Vagliati, hija del comisario bonaerense (ya fallecido) Valentín Milton Pretti. Los jueces María Almeida, Liliana Vicente y José Imperiali ordenaron que la mujer puede reinscribirse en el Registro Civil como Ana Rita Laura Vagliati y dispusieron que se le otorgue un nuevo DNI con aquella seña de filiación. "El peso negativo del apellido la coloca en dificultades de orden subjetivo para crear y sostener relaciones con sus pares al sentir que debe permanentemente dar explicaciones, limpiar las marchas del horror que es su apellido", dice el fallo. Según los archivos de la CONADEP, Pretti fue miembro destacado de la ´patota´ del entonces jefe de la Policía Boanerense, general Ramón Camps. Entre otros destinos, ocupó la jefatura del Comando Operativo Táctico 1 de la localidad de Martinez, donde funcionó el centro clandestino de detención "COTI Martínez", y también actuó en los otros conocidos como "Pozo de Banfield"; "Pozo de Quilmes", y "Puesto Vasco".