La sociedad Empresa Naviera Petrolera Atlántica S.A. solicitó la inscripción del aumento de capital en la suma de $88.000 en concepto de aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones, y $10.998.000 en la capitalización de una deuda que mantiene la naviera con su controlante.
Dicha empresa controlante es extranjera y se encuentra inscripta en España. Según afirmó la solicitante, la deuda de poco más de u$s 3.000.000 debe ser abonada respetando la cotización de la divisa extranjera en atención a un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que mantiene la Argentina con el Reino de España en el cual en los contratos deben respetarse las reglas fijadas sin posibilidad de modificarlas.
La Inspección General de Justicia consideró sospechoso que una empresa naviera petrolera respete la cotización de la moneda, lo que podría significar en la toma casi total del control de dicha sociedad por parte de la extranjera, pudiendo causar perjuicios a los acreedores de esta.
Requirió mayor información y la prueba de la realización del préstamo y de las condiciones que habían sido pactadas, y que a estas le fuera aplicable dicho convenio, obteniendo como resultado contestaciones generales en las cuales no se aportó prueba alguna.
La empresa recurrió ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuya Sala “D” revocó la decisión de la IGJ, y dispuso que sea inscripto el aumento de capital solicitado, dictando sentencia en el expediente –caratulado ”Inspección General de Justicia c/ Empresa Naviera Petrolera Atlántica S.A.”-.
La Inspección recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, afirmando que el fallo había sido arbitrario y que la Cámara se había expedido sin un verdadero estudio de la cuestión y basado solamente en los dichos de la presidente de la empresa.
El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictaminó a favor de la presentación de la Inspección General de Justicia, advirtiendo la necesidad de un análisis mucho mayor de la cuestión y la necesidad de investigar si realmente la capitalización es una actuación normal, o si por el contrario encubre la toma de control absoluto por parte de la extranjera en las decisiones de la sociedad.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Maqueda y Eugenio Zaffaroni, consideraron que el recurso fue debidamente tratado por el Procurador General de la Nación, por lo que adhirieron remitiendo las actuaciones a la Cámara de origen a fin que esta realice las medidas correspondientes para cumplir con lo decidido por el Máximo Tribunal.