La ola de críticas contra la ley 13.661, que modificó el sistema de enjuiciamiento de los magistrados judiciales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, cada vez es más grande. A las expresiones ya conocidas, y difundidas a través de este medio sobre la polémica reforma, se sumó ahora una crítica muye fuerte del ámbito académico. La Asociación “Pensamiento Penal”, que reúne a figuras de esa rama del Derecho, dijo que la norma es “una nueva afrenta” para la independencia del Poder Judicial.
“La nueva ley, en definitiva, pone en evidencia la profunda desconfianza que la corporación política tiene por un Poder Judicial republicano, capaz de interdictar los excesos de los otros poderes públicos y, en su caso, de sancionar a los autores de los ilícitos de corrupción administrativa (y demás delitos comunes ligados a ellos), aunque solapando su discurso con el harto cuestionable, pero sumamente eficaz, argumento de la inercia, ineptitud o inoperancia judicial para esclarecer -y sobre todo, para castigar con severa “ejemplaridad”- los hechos delictuosos que alcanzan gran trascendencia social, y/o repercusión mediática”, dice un comunicado que lleva la firma del presidente de la institución, Mario Alberto Juliano.
Y agrega: “La mentada no es una reforma menor, ni carente de relevancia, sino un nuevo y refinado instrumento jurídico para erosionar la independencia política de la magistratura”.
La norma cuestionada otorga la participación de los sectores políticos en los procesos de Jury, a través de la creación de una comisión bicameral de 12 legisladores (7 diputados y 5 senadores que no deberán ser abogados), quienes a partir de ahora podrán denunciar a jueces y magistrados que hayan incurrido en irregularidades. Hasta ahora, esta facultad sólo les estaba reservada a particulares, a los Colegios de Abogados de la Provincia, a la Procuración General y a la Corte.
La ley, que fue aprobada en tiempo récord, también prevé la creación de un cuerpo de instructores, que serán los responsables de llevar adelante las actuaciones. Asimismo se dispuso que el Secretario del Jury -receptor de las denuncias- sea designado por el Senado, en vez de pertenecer funcionalmente a la SCBA, como era hasta ahora.
La Asociación “Pensamiento Penal” también cuestionó el proyecto oficial, aún sin sanción, para suprimir el Tribunal de Casación Penal, y dijo que ambos procesos tienen un punto en común: el desembarco de los vigorosos poderes políticos sobre el alicaído judicial. En el mismo documento, al que accedió este medio, la institución elogió la reducción de la Suprema Corte. Ese proyecto fue votado en la misma sesión que el que reformó el sistema de Jury.
Las críticas contra aquella reforma vienen precedidas por declaraciones muy fuertes del Colegio de Magistrados y del Colegio de Abogados de la Provincia. Esta última, amenazó la semana pasada con “arbitrar las acciones legales que correspondan para poner remedio a este dislate”. “No podemos asistir impertérritos a pujas influidas por defensas sectoriales o privilegios irritantes en momentos en que se reclaman sacrificios de carácter general, por lo que deberíamos apelar, sin vacilación y con renovadas ilusiones, a los numerosos paradigmas de grandeza y desprendimiento que enriquecen nuestra historia. Por lo que no descartamos arbitrar las acciones legales que correspondan para poner remedio a este dislate”, concluye el comunicado”, explicaron los abogados a través de un comunicado.
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