Sigue avanzando la lucha del Comité contra la tortura bonaerense para mejorar las condiciones de los menores alejados con sus madres presas en los penales de la Provincia. Ahora, el tribunal Oral 4 de La Plata
ordenó al servicio penitenciario que garantice la educación de los menores afectados y que reestablezca o mantenga el vínculo familiar de los mismos.
La medida de los jueces Emir Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni y Gloria Berzosa fue dictada luego de recibir los informes de los peritos y concluir que "el acceso a la educación de los menores resulta deficiente". Así, pidieron que se adopten “las medidas necesarias para que todos los niños que se encuentran alojados con sus madres en las unidades y tengan edad para concurrir en forma inmediata a guarderías, jardines maternales o nivel inicial de educación, puedan acceder y concurrir en forma inmediata a ella".
Además, el tribunal encomendó que se tomen “los recaudos a que hubiere lugar para que se reanuden y/o mantengan vínculos familiares de los menores para con su núcleo familiar".
De esta manera, la medida cautelar complementa la dictada por el tribunal Oral 1 platense durante la pasada feria judicial, cuando libró oficios al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Desarrollo Humano y al Ministerio de Salud para que provea de “manera inmediata y coordinada a la totalidad de los niños y niñas que residen con sus madres en el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires la atención sanitaria especializada, guardia pediátrica permanente, instrumental y aparatología adecuada, coordinación con centros de salud próximos y unidades de traslado, para garantizar el acompañamiento materno”.
Sin embargo, a más de un mes, el Comité contra la tortura bonaerense sigue denunciando que no se cumple con esa orden. Algo que según indicaron está corroborado por informes realizados por distintos jueces e incluso el tribunal de Casación.
El impulsor de estas medidas fue el Comité contra la tortura, que en mayo de este año presentó un amparo colectivo que busca proteger el vínculo materno y privilegiar medidas de detención alternativas a la prisión para las mujeres detenidas junto a sus hijos, cualquiera sea su situación judicial.
Ese pedido ya tuvo una resolución favorable cuando el tribunal 1 ordenó que “cada unidad carcelaria comunique a los Juzgados y Tribunales a cuya disposición se encuentran las mujeres privadas de libertad sobre la resolución 23/06 de la Secretaria de Política Penitenciaria y Rehabilitación Social del Ministerio de justicia. Esta otorga prioridad en la asignación del uso de pulsera magnéticas a aquellas internas procesadas o penadas alojadas en establecimientos carcelarios conjuntamente con sus hijos menores de edad”.
Vale remarcar que en el penal 33 de Los Hornos hay unos 79 niños alojados con sus madres, que representan el 86 % del total que hoy en la Provincia. También debe remarcarse que en un hecho trágico, el pasado 17 de julio murió un bebé de una detenida por la falta de asistencia médica.
dju / dju
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