Alarmante la situación de mujeres y niños en las cárceles

Muy lejana de concretarse parece estar la intención del constituyente cuando dijo que las penas sean para resocialización y no para castigo. La realidad y las denuncias de violación a los derechos humanos en las cárceles así lo demuestran. Internas del penal 8 y 33 de Los Hornos y la ONG “Grupo de Mujeres de la Argentina” presentaron una serie de petitorios ante las autoridades y la Justicia pidiendo una solución para la situación de las mujeres privadas de su libertad que viven con sus hijos. Las graves falencias de asistencia médica y alimentación, ponen, cotidianamente, en serio riesgo su salud.

Esta situación llegó al límite, cuando el pasado 17 de julio, murió un bebé de seis meses alojado con su madre en la Unidad Penitenciaria 33 de los Hornos. En uno de los petitorios, las internas denunciaron que el hecho ocurrió por la “desidia e inoperancia de la Dirección General de Salud Penitenciaria”.

A su vez, señalaron que en los pabellones hay falta de atención pediátrica y obstétrica durante las 24 horas, carencia de todo tipo de medicamentos, insumos y aparatología médica para emergencias y no se cuenta con una ambulancia de traslados de urgencia para la atención de una población conformada por 75 niños/as, bebes en gestación, embarazadas de alto riesgo y enfermos crónicos. “Se trata de una unidad donde no existe ningún tipo de seguimiento médico o tratamiento”, afirman, con lo que “se coloca a toda la población en circunstancias de extrema vulnerabilidad y riesgo de vida”.

Ante esta grave situación, pidieron la destitución de las actuales autoridades de la Dirección General de Salud Penitenciaria a cargo de Rodolfo Cassleri, “por no ejercer correctamente su función de veedor de los departamentos a su cargo”. Y además demandan la entrega de pulseras magnéticas para internas procesadas o penadas que estén alojadas con sus hijos menores y para las que se encuentren por dar a luz. Esto para que cumplan con modos alternativos el periodo de prisión.

En cuanto a cambios de fondo y estructurales que permitan paliar la situación, se solicitó modificar las leyes de ejecución de la pena y el Código de Procedimiento Penal en materia de mujeres y madres privadas de libertad. Esto implicaría reducir condenas por trabajo y estudio a razón de dos día de pena por un día de trabajo o estudio y que se respete y garantice el vinculo madre-hijo en los supuestos que se alojen menores con sus madres.

Cabe destacar que desde hace años la atención de salud en estas unidades ha sido foco de reiterados reclamos y acciones de hábeas corpus y amparos, y que la Dirección General de Salud se ha comprometido a terminar los consultorios, equiparlos y habilitarlos, algo que aún no se ha cumplido.

Asimismo, la ONG presentó un escrito ante el juzgado en lo Criminal Nº 5 de San Isidro quien entiende en la causa de la mujer que perdió su bebé en el penal de Los Hornos. Allí pidieron por el “resguardo de la integridad física y el derecho a la salud de las personas en situación de encierro por causa judicial, teniendo en cuenta que la Justicia bonaerense se encuentra colapsada y que su situación es crítica”.

Precisamente por esta situación, en los últimos años murieron cinco niños en unidades de encierro. El caso puntual de Joel, que falleció el pasado 17 de julio, fue por una epidemia de Bronquiolitis seguida de una mala medicación, atención y tratamiento lo que provocaron su muerte. “No ha sido debidamente atendida ni ella ni su bebe, que fue discriminada en el Hospital Público”, remarca el escrito.

Otra grave situación que se denuncia es que en la misma unidad 33 del penal de Los Hornos, al día siguiente de la muerte de Joel no había agua caliente ni calefacción, en un pabellón donde, además, se encuentra un bebé prematuro.

Hoy, mantener una celda al Estado le demanda 92.000 pesos, por lo que teniendo en cuenta el desproporcionado gasto se pide que la madre pueda cumplir su condena con arresto domiciliario, para evitar permanecer con su bebé en un pabellón hacinado, con mala alimentación y una atención sin profesionales.

“Hoy las cárceles no deben ser de castigo y de doble condena por la situación de salud, hoy los lugares de encierro son depósitos humanos pero con un gasto exorbitante para mantenerlos”, sostienen desde la ONG Grupo de Mujeres de la Argentina.

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