Tras seis meses de tarea, la comisión encargada de reformar el Código Procesal Penal de la Nación finalizó con su trabajo y ahora restan realizar algunos ajustes en la redacción y terminologías para que el Poder Ejecutivo comience a estudiar el ante proyecto. Luego de que eso sea realizado, deberá decidir si lo eleva al Congreso.
Según informaron desde la propia comisión reformadora, la semana pasada presentaron una nota al ministro de Justicia Alberto Iribarne para comunicarle que la tarea encomendada había finalizado.
Esto fue confirmado por la propia viceministra de Justicia Marcela Losardo, quien dijo hoy que “la comisión ya terminó su trabajo” y agregó que la reforma apunta “hacia el modelo acusatorio chileno, donde el fiscal tiene toda la investigación”.
De acuerdo a lo trascendido, durante estos seis meses de trabajo de la comisión, los puntos centrales que se incluyeron en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación fueron:
• Asegurar la imparcialidad de los jueces, dejando en manos del Ministerio Público la etapa acusatoria.
• Introducir el criterio de oportunidad, para que los fiscales tengan la facultad de prescindir de la persecución penal en los casos donde no esté comprometido el orden público.
• Reforzar el sistema oral como único camino para llegar al dictado de una sentencia.
Además, aún se está trabajando en los proyectos de reforma de la Ley de Ministerio Público y de la Ley de reorganización judicial, otros de los dos objetivos que impulsó el Ejecutivo.
“La reforma tiene que ver con dar mayor rapidez en las resoluciones de los conflictos, más previsibilidad y transparencia, además de mayor investigación e independencia”, dijo Losardo.
La comisión asesora estuvo integrada por los diputados Juan Beccani, Luis Cicogna, Rosario Romero; los senadores Ernesto Sanz, Vilma Ibarra y Miguel Pichetto; los jueces Luis García y Adriana Ledesma; el secretario general de la Procuración, Adrián Marchisio; el representante académico Fernando Díaz Cantón, y el abogado Marcos Salt. Mientras que Carlos Beraldi estuvo a cargo de la coordinación.
Justamente otro de los puntos que destacó la viceministra fue el trabajo de esa comisión y la importancia de que haya tenido una variada composición, pues estuvo integrada por jueces, fiscales, académicos y legisladores. “Fue una modalidad buena, que permite tener un abanico distinto y no preparar un proyecto de ley cerrado”, sostuvo la funcionaria.
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