Una fuerte polémica se desató en Misiones entre el Servicio Penitenciario Federal, la Justicia y el procurador de la penitenciarÍa nacional a raíz del traslado a cárceles de Trelew y Neuquén de tres internos. Se trata de detenidos que habían denunciado penalmente una violenta requisa sufrida el primero de octubre en la unidad 17 de la Colonia Penal de Candelaria.
La denuncia la hicieron ante la secretaria 4 del juzgado federal de Posadas, a cargo de Ramón Chávez, y relataba que habían recibido de unos seis miembros del Cuerpo de Requisa de la unidad penal, daños a sus objetos personales. También relataron que recibieron “una golpiza corporal y agresión verbal indiscriminada”, además de ser víctimas de una requisa anal tras pedirles a todos los internos que se desnuden.
El escrito judicial fue acompañado por el procurador penitenciario nacional, Francisco Mugnolo, quien advirtió en la denuncia que la intención de los presos era “evitar que sucedan traslados arbitrarios, apremios y otros tratos inhumanos y crueles”, algo que finalmente no ocurrió.
Mugnolo advirtió que “es una práctica de los penitenciarios que realizan cada vez que los presos los denuncian, automáticamente como represalia los trasladan”; por lo que se mostró indignado por la situación y remarcó que también “hay una actitud lamentable de la Justicia” porque los traslados se realizan con consentimiento del juez ejecución.
“El juez no puede admitir el traslado, es una verdadera vergüenza”, sostuvo Mugnolo, que luego de presentar un hábeas corpus correctivo por “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de que son objeto los internos actualmente alojados en la unidad 17 de la Colonia Penal de Candelaria”, hizo otra presentación similar reclamando que los internos derivados al sur regresen a Misiones.
“Hay una causa penal abierta, el propio fiscal debería pedir que no se traslade a los denunciantes por su testimonio es un elemento de prueba fundamental”, explicó Mugnolo en diálogo con Diario Judicial.com.
Sobre la procedencia del hábeas corpus, desde la secretaría del juzgado federal indicaron que en las próximas horas definirán si es competencia o no de Chávez decidir la cuestión porque indican que es posible que deba intervenir el propio juez de ejecución. Sin embargo, Mugnolo ya salió al cruce de ese incidente y remarcó que “es una equivocación, porque en este caso el hábeas corpus se presenta ante el juez donde hay una denuncia penal”, cuya instrucción ya pasó a la fiscalía del Estado.
En la denuncia, ante la represalia tomada contra los internos que la impulsaron, se resalta que “la realización de un reclamo es el ejercicio de un derecho que nos es garantizado a todos los ciudadanos a través de la Constitución Nacional. Por ello la efectivización de una protesta no es razón suficiente para modificar el programa de tratamiento por el que atraviesa un interno”.
Además, en atención al fin resocializador de la pena consagrado por la Constitución, se sostiene que “no puede pretenderse la reinserción social de un individuo limitando el derecho a ejercer un reclamo como puede hacerlo cualquier ciudadano”.
dju / dju
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