El año pasado cerraron 554 causas penales donde había involucrados menores. Mientras que hasta el 28 de mayo se estaban tramitando 581. Los datos corresponden al juzgado penal de menores de la ciudad de Paraná que elevó un informe al STJ.
En ese trabajo, el juzgado destacó “la disminución de edad de los presuntos autores, violencia en la modalidad delictiva y nula investigación prevencional que permita identificar y llamar a responder a persona alguna”.
Por otra parte el trabajo destaca que un alto porcentaje de esos menores “pertenecen a sectores sociales excluidos donde están privados de derechos esenciales, vivienda digna y referentes afectivos, no logrando la respuesta adecuada por parte de las instituciones llamadas justamente a incluir a los mismos, lo que torna dificultoso el sostenimiento de las medidas y pautas de abordaje y conducta que se pudieran disponer”.
A raíz de ese informe, el STJ le pidió hace un mes al Consejo Provincial del Menor y la Familia que tome medidas para mejorar la situación de criminalidad a la que están expuestos los menores. Según informó el Máximo Tribunal a través de un comunicado, el Consejo no contestó por lo que insistió en un nuevo pedido en el que propuso realizar jornadas de trabajo “para analizar aspectos técnicos de la Ley Nº 26.061 y la mejor forma de observancia de sus dispositivos”.
Se refiere a la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sancionada el 28 de septiembre de 2005 que tiene como objetivo “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”.
Sobre el tema opinó el defensor general de Entre Ríos, Arsenio Mendoza, quien sostuvo que “esta problemática registra una clara tendencia a su agravamiento en razón de la disfunción familiar, la falta de prevención, y la inoperancia en materia de tratamiento tutelar”.
Respecto a la ley 26.061, Mendoza opinó que “la provincia, conforme las disposiciones vigentes, tiene la posibilidad de tomar a su cargo la situación de los menores de 16 años que resulten autores de hechos delictivos, y sin embargo no lo hace”.