La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene por objeto “garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente” de los derechos del menor, pero lejos de eso parece estar la realidad Argentina y las estadísticas lo reflejan: 4,7 millones de chicos pobres, el 7% es de entre 5 y 13 años y el 20% de los adolescentes de 14 a 17 trabajan; 4 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 18 años no asisten a la escuela, más de 19 mil privados de su libertad en institutos, hogares o comisarías.
Los números reflejan la gravedad de la situación y desde el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN) reclaman una solución a través de mayor inversión social y de una política nacional para evitar la vulneración de los derechos del menor.
"La ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes crea sistemas locales de protección al menor. Es decir, que todos tengan, lo más cerca posible, los lugares de acceso a sus derechos. Con lo cual, deberían existir estos sistemas en los municipios, en las comunas. Pero esto no está creado a nivel nacional, porque cada provincia continúa con sus legislaciones viejas, sin adecuarlas a la nueva ley", señala Nora Schulman, directora ejecutiva de CASACIDN.
Si bien la ley 26.061 de los Derechos del Niño es un avance en el reconocimiento de los chicos como sujetos de derechos, Schulman remarca que ésta sólo se empezó a aplicar en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. "En las provincias no hay una decisión política de cambiar las viejas legislaciones”, sostiene la titular de CASACIDN.
Esa disparidad en las legislaciones provinciales, sumada a “la falta de inversión social y de una política nacional en la materia”, llevan al desequilibrio que se ve en las estadísticas. Según el INDEC, la pobreza infantil se redujo de un 49,5% a un 46,3%, pero aumentó en siete ciudades: Río Cuarto, Catamarca, Comodoro Rivadavia, Santa Rosa, Salta, Río Gallegos y la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, sancionada en 2005, establece que “los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal”. Sin embargo poco se cumple de ese mandato.
Otro dato que preocupa es que en el país hay 19.579 chicos privados de su libertad en institutos, hogares o comisarías, según estadísticas de la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF. Mientras que el 67,78% de los 174 asesinados por miembros de la Policía o la seguridad estatal en 2006 tenían entre 15 y 25 años.
Para Norma Schulman esto es otro indicio de la falta de acceso de los menores a la Justicia y a la defensa, además de ser un grave problema para su sociabilización. "Hay chicos que están institucionalizados desde hace años porque no tienen familia ni lugar adónde ir, y no es posible que no haya una voluntad política del Gobierno Nacional para pensar en alternativas para ellos, en instituciones que logren insertarlos nuevamente en la sociedad", sostuvo la directora de CASACIDN. De todas maneras, Schulman concluye que “la problemática de la niñez que más preocupa en la Argentina es la pobreza, a pesar de que los niveles disminuyeron, porque esto también los lleva a trabajar, y por trabajar no van a la escuela”.
dju / dju
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