A pocos días de las elecciones presidenciales en el país, Amnistía Internacional emitió un documento que fue enviado a los candidatos de todos los partidos políticos. Allí pidió que el próximo gobierno elabore un Plan Nacional de Derechos Humanos con políticas tendientes a respetar los derechos fundamentales consagrados en los distintos tratados internacionales incorporados a la Constitución.
En el informe, la organización señala que “se dirige a las candidatas y a los candidatos a formar futuros gobiernos, motivada por la obligación específica que Argentina ha contraído en el plano internacional, de asegurar que los agentes del Estado actúen dentro del marco de la ley y respeten los derechos fundamentales”.
“Argentina es parte de importantes Tratados Internacionales. En este sentido, Amnistía Internacional desea enfatizar que la firma y ratificación de esos tratados debe ser equiparada con la voluntad política que promueva, defienda e implemente medidas que hagan realidad la protección de los derechos humanos. La sola firma no es suficiente”, señaló Rafael Barca, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Argentina.
La organización resalta que, en razón de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, las próximas políticas que se consideren en el período 2007-2011 “deben propender a la efectividad del derecho al trabajo, a un nivel de vida apropiado, a la salud, a la educación y a la alimentación, entre otros”. Para ello pidieron el cumplimiento de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Así, en el informe “Argentina: Elecciones 2007. Llamamiento de Amnistía Internacional para la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos”, el organismo concentra su propuesta en seis puntos principales:
• Actuar firmemente para erradicar la violencia contra la mujer.
• Promover y proteger efectivamente los derechos de los pueblos originarios.
• Luchar contra la impunidad.
• Erradicar la tortura y los malos tratos.
• Promover y tomar los pasos necesarios que lleven a la abolición definitiva de la pena de muerte del ordenamiento jurídico argentino.
• Mantener políticas de apoyo para la realización y ratificación del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.
Respecto al primero de los puntos, el documento remarca, como dato estadístico, que en el primer período de 2007 en la provincia de Buenos Aires hubo 18 mil denuncias de violencia familiar en las comisarías de la mujer y familia. Mientras que respecto al comercio de armas se resalta la importancia de que Argentina siga instando a la elaboración del tratado, ya que los números indican que en el mundo hay 640 millones de armas y cada año se fabrican 8 millones más, lo que genera un signo de preocupación.
“Esperamos que las candidatas y los candidatos se comprometan públicamente a hacer del respeto y promoción de todos los derechos humanos un eje de sus políticas de Gobierno en caso de resultar elegidas o elegidos”, concluyó Barca.
Mientras que el documento afirma que “se encuentra en las manos de la persona que asuma la Presidencia de la Nación, así como del conjunto de las futuras autoridades electas para el próximo período de gobierno, la oportunidad histórica de trasladar los compromisos asumidos en materia de derechos humanos a la vida cotidiana de las mujeres y hombres que habitan la República Argentina”.
dju / dju
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