20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

In Voce

 
LAS AUTORIDADES DE MESA PERDIERON EL JUICIO.

Los medios internacionales eran asombrosamente coincidentes en describir los momentos previos al acto electoral del 28, como "apáticos". Coincidentemente en el distrito porteño la Junta Electoral tuvo que poner la sirena de emergencia al darse cuenta de que más del 80 % de quienes habían resultado seleccionados como autoridades de mesa, habían ensayado todo tipo de excusas para pegar el faltazo. 24 horas antes de que empiece la veda y 72 horas antes de que se verificara el deshonroso desastre, tuvieron la idea salvadora de "arriar" al pelotón de funcionarios judiciales como masivos suplentes de los desertores. Más allá de ser la tormenta anunciada que se veía venir –en muchas mesas de la Capital, en elecciones anteriores, hubo problemas de apertura del comicio por falta de autoridades -, las consecuencias son más serias de las que a primera vista surgen. La participación ciudadana viene en descenso. La democracia, con la que todos se llenan la boca, es más teórica que práctica. Hoy en día, nadie tiene ganas de perderse el asadito del domingo o los ravioles de la patrona por calentar la silla en la mesa del comicio. Pero esta cuestión, que mal que mal se da con una previsible periodicidad, no es ni más ni menos que la antesala de una caja de Pandora que se puede llegar a abrir. El entusiasta y romántico impulso que se le pretende dar al juicio por jurados, previsto en la Constitución Nacional, puede tener un inicio con el fervor contagioso de la democracia del 83, pero con un desarrollo y participación lastimosos que vemos en los albores del bicentenario. Si todos huyen a la hora de sentar el tujes durante 10 horas para que la sociedad vote, quién va a asegurar que lo hagan por varios días en el caso de un juicio oral. Ni que hablar de una megacausa que quizá tenga audiencias que se extiendan por meses. En ambos casos la participación ciudadana tiene un requisito que es indispensable, que más allá de la proclama políticamente correcta, se produzca la acción adecuadamente concreta. Quizá con el juicio por jurados se tome conciencia de que se está apuntando demasiado alto para una sociedad que todavía no se responsabiliza ni de levantar la caca de su mascota, asquerosamente ofrendada en los espacios compartidos con sus propios conciudadanos. El tema del juicio por jurados está en la agenda de la Constitución desde 1853, figuró en la primera tanda de reclamos del casi ingeniero Juan Carlos Blumberg en su boom mediático en el 2004 y hace exactamente un año Cristina Fernández (que es Kirchner) reflotó el proyecto. "Llegamos bien para votarla en diciembre", decía la entonces primera ciudadana, al abrir el año pasado el debate sobre la ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que conduce. No llegó a tratarse en el 2006 como preveía, pero todo hace suponer que con mayorías parlamentarias tan tajantes y manejando la botonera del poder central, sus deseos serán más que órdenes. El proyecto que motoriza Cristina establece que los juicios tendrán doce jurados titulares y seis suplentes. Podrán ser seleccionados todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral, salvo los funcionarios públicos, los abogados y los ciudadanos inhabilitados judicialmente. Entre las voces críticas, Lucila Larrandart, jueza de tribunal oral y referente del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo en su oportunidad que el proyecto "es peligroso para el resguardo de las garantías individuales, ya que un jurado es más influenciable. Se mueve más con la emotividad que con la ley". En Estados Unidos un juicio por jurado representa un costo de unos 5000 dólares diarios, en España cada día de proceso ronda los 3000 euros. A pesar de todo en los últimos años, Panamá, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y Puerto Rico comenzaron a usar este sistema. Brasil lo aplica desde hace más de 200 años. Larrandart que suele expresar en voz alta muchos de los pensamientos de su prestigioso referente Eugenio Zaffaroni, no duda en afirmar que la iniciativa es inaplicable. Además del peligro que representa para las garantías individuales, explica que para implementar el Juicio por Jurados se tendría que modificar el Código de Procedimientos, una tarea titánica y que no está incluida en la promocionada propuesta de reforma que incorpora el modelo acusatorio para la instrucción de las causas penales. Con la sanción de la ley 9182, Córdoba fue la primera provincia en cumplir con el mandato constitucional, y la Cámara del Crimen de San Francisco, el primer tribunal en llevar adelante un juicio por jurados. En el sistema mediterráneo no son doce los ciudadanos sentados en el estrado sino ocho más tres jueces profesionales ya que se optó por un jurado escabinado, a la manera del proyecto Maier que en su momento fue desplazado por el de Levene. La experiencia cordobesa parece ser altamente exitosa. Gabriel Nardiello, fiscal criminal en lo correccional, y defensor acérrimo del juicio por jurados reconoce que no va a ser fácil torcer décadas de desinterés por la cosa pública. El tridente judicial que motorizaba Crisina a fines del año pasado era: la reducción de los miembros de la Corte, el Consejo de la Magistratura remixado, con menos miembros y más mayorías oficialistas y la puesta en marcha del hollywoodense sistema de juicios por jurados. Los dos primeros, avanzaron viento en popa, mientras que el último –el juicio por jurados- quedó guardado para mejor oportunidad. ¿Será esta? Raro que el ímpetu oficialista no haya podido implementarlo con la misma facilidad que tuvieron los otros dos integrantes del combo judicial. El tema duerme el sueño de los justos desde la Constitución del 53. Durante años no estuvo en la agenda de ningún político. En el 94 con la reforma de la Carta Magna, fue ratificada la idea de los constitucionalistas primigenios. En el 98 el entonces ministro de justicia, Raúl Granillo Ocampo, presentó con bombos y platillos la iniciativa en el Congreso y vaticinaba que el sistema se pondría en marcha en 5 años. Claro que cumplido el lustro, en el 2003, el país era otro, no estábamos precisamente para pensar en jurados. Hoy, en medio de la apatía y la superficialidad reinante, ¿estamos preparados para el cambio?



alejandro s. williams / dju
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