"La solución definitiva para las subrogancias es una ley que zanje el tema"

El Consejo de la Magistratura de la Nación ya comienza a pensar en el desarrollo del segundo año de gestión luego de la reforma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner a fines de 2006. Mariano Candioti, flamante presidente electo del cuerpo, explicó en diálogo con DiarioJudicial.com en qué consistirá su trabajo, que se centrará en tres ejes principales: consenso, transparencia y excelencia. Así, el representante académico adelantó la necesidad de mantener un diálogo institucional “armónico” con la Corte Suprema de la Nación, con el fin de alcanzar el “afianzamiento de la Justicia en procura del bienestar de la población”.
Además, remarcó que está esperando una ley que compatibilice las exigencias del Máximo Tribunal del país y las atribuciones del Consejo para que se ponga fin al tema de las subrogancias.
“Para el estamento universitario la presidencia del Consejo representa un altísimo grado de responsabilidad”, afirmó Candioti, que entre 2000 y 2006 fue vicerrector de la Universidad Nacional del Litoral. Allí, también se recibió de abogado en 1977 y actualmente es titular de una cátedra de derecho sobre la seguridad social. En un primer intento, había comenzado a estudiar periodismo, en Córdoba, pero tuvo que regresar a su Santa Fe natal luego de que en 1974 la universidad fuera tomada por la CGT.

¿Cómo va a afrontar esta nueva etapa dentro del Consejo de la Magistratura, que lo tendrá como presidente del cuerpo?
La primera reflexión que me merece la nueva etapa es que todo nuevo comienzo, en cualquier institución, siempre es una oportunidad para revitalizar los conceptos fundantes, a los que hay que agregar la plataforma de trabajo y plan de desarrollo. Es decir, es una oportunidad para revisar lo actuado y proponer el nuevo devenir del Consejo. Sin pretensiones refundadoras, creo que este segundo año del Consejo en su nueva composición nos permitirá acumular la experiencia y profundizar algunos trabajos y reformular algunas líneas que se han venido desarrollando hasta ahora.

¿Cómo será el eje de su gestión al frente del Consejo?
Serán tres los ejes en los que se va a fundar mi gestión, que son incluso los que me permitieron acceder a la presidencia. En primer lugar, voy a trabajar por convicción democrática en la construcción de consenso permanente, sin que ello signifique que de ahora en más no vaya a haber más disidencias, mayorías y minorías. Lograr una resolución divida en el ámbito de un entendimiento común favorece a la institución. Por eso hablo de consenso en el sentido de un valor en si mismo para la construcción colectiva de democracia.
El segundo tema es el de la transparencia. Creo que hay prácticas en la toma de decisiones orgánicas que nos parecen necesarias incluir en un proceso de transparencia. La línea de las modificaciones introducidas en las declaraciones juradas y la ratificación del principio de la publicidad es muy importante porque hace a la calidad institucional. Esto es lo que vamos a intentar profundizar.
Y el tercer eje es el de la excelencia como objetivo formal. Como criterio de cómo se va a tomar la voluntad del cuerpo.

¿Qué implica entonces esa excelencia?
Excelencia significa para mí el acortamiento máximo de los plazos, evitar las cuestiones burocráticas que necesariamente implican un alterar al objetivo principal del cuerpo, que es la solución de los conflictos y los objetivos que tiene a su cargo. La agenda laboral del Consejo está marcada por la Constitución, y es selección de los magistrados y análisis de las conductas de los jueces denunciados.

A un año de la reforma del Consejo, ¿cree que se han ido cumpliendo los objetivos que llevaron al cambio?
Primero es importante aclarar que cuando se modifico el cuerpo hubo reparos de los operadores del sistema jurídico y en general había dudas sobre la conveniencia de la modificación, básicamente en lo que refiere a mantener el estándar constitucional de equilibrio. Pero una cosa es ese análisis de la fotografía de 2006 y otra cosa es hacer el análisis del funcionamiento; y visto los resultados de hoy, el equilibrio tan mentado que se temía perder por la disminución de los integrantes es un hecho que no ha ocurrido inexorablemente. Esto refleja que los estamentos que conforman el Consejo han tenido comportamientos autónomos. Incluso hubo casos que marcan la posibilidad de que no haya una mayoría calificada oficialista y una minoría acumulada que sirva de obstrucción de un proceso que tenga un tinte oficialista.

¿Cómo ve la relación institucional entre el Consejo y la Corte?
Me parece que la importancia institucional del Poder Judicial y nuestra formación republicana nos hace ser absolutamente compatibles al Consejo de la Magistratura con la Corte Suprema, que es claramente la cabeza del Poder Judicial. Pero también tengo claro la importancia institucional que le da la Constitución al Consejo, en una interrelación permanente con la Corte. La nueva ley, al desdoblar la presidencia, que antes estaba en cabeza del presidente de la Corte, nos obliga a realizar un trabajo compartido y equilibrado porque los objetivos son absolutamente comunes: el afianzamiento de la Justicia en procura del bienestar de la población.
Por so, me parece que la relación con la Corte no puede ser otra que una relación de armonía institucional y acercamiento, donde podemos tener algunos puntos de vista diferentes, como el caso de las subrogancias. No obstante eso, es una obligación mantener un diálogo armónico en aras de la institucionalidad.

¿Cuál será la solución para el tema de las subrogancias?

La solución definitiva es la sanción de una ley que zanje el tema, porque las objeciones de la Corte las compartimos, sin que ello signifique que la solución del tema haya llegado. El diagnóstico del caso Rosza los compartimos porque es de una factura doctrinaria y jurisprudencial impecable, pero el afianzamiento y la no denegación de justicia corre algún cierto riesgo en la eventualidad de que no haya un magistrado a cargo de un órgano jurisdiccional. Por eso, creo que la solución para compatibilizar las potestades del cuerpo y las exigencias de la Corte sería una norma que canalice y regule la provisión de los jueces de funciones transitorias, con la garantía para el justiciable de que son jueces de la Constitución. Esto es una solución que estamos esperando, sabemos que hay proyectos en Diputados y nosotros vamos a tratar de involucrarnos directamente en el tema y ponernos a disposición para que se llegue a buen puerto, porque necesitamos cubrir este bache que nos está siendo reclamado, sobre todo en la justicia federal de las provincias, donde hay pocos juzgados para alternar las subrogancias, tal como lo establece el fallo Rosza.

La falta de designación de jueces por parte del Ejecutivo, que tiene en estudio más de 80 ternas enviadas por el Consejo, ¿en cuánto influye en la falta de cobertura jurisdiccional?
La demora en la cobertura de vacantes históricamente ha tenido tres tramos donde podían detectarse el mayor problema. En algún momento estuvo en la sustanciación de los concursos y eso se perfeccionó, y luego se fue transfiriendo. El Ejecutivo siempre ha hecho uso del poder de analizar los pliegos, y como no tiene plazos para hacerlo hubo caso en los que se tomó mucho tiempo y otros poco. Evidentemente, si se analiza la corte actual de pliegos remitidos, uno advierte que el tiempo de análisis ya ha sido el debido y debería urgirse el tema con el recambio institucional que se viene. Creo que será un punto de agenda que tendrá el Ejecutivo.
La designación de un magistrado es una de las más complejas, porque requiere la participación de los tres poderes y eso demanda mucho tiempo.

¿Y cómo se podría disminuir esa demora en la designación?
La mora en la resolución de algunos temas es un instituto receptado en el derecho administrativo y los jueces disponen permanentemente de ello. Pero éste no es el caso, porque estaríamos exigiéndole al Ejecutivo que haga uso de sus atribuciones, que son obligaciones también. Y si esta no se ejecuta no podría funcionar el sistema, por lo que la tutela sería el derecho que tiene la comunidad de tener jueces. Por eso, esto es parte de un diálogo interinstitucional que llegado el caso se propondrá en el Consejo para que haga llegar su preocupación sobre las demoras que a lo largo de todo el procedimiento de selección ocurren, comenzando por analizar las nuestras.

La demora en los procesos judiciales es un tema instalado en el Consejo, ¿qué medidas puede aportar o impulsar el cuerpo para agilizar las causas?

La posibilidad de acompañar con propuestas la podemos hacer, sobre todo para que sirva al afianzamiento de la justicia, lo que sería en definitiva evitar la demora en la tramitación del acceso. Tenemos que garantizar un amplio acceso y una rápida respuesta, porque no es una única solución la posibilidad de llagar a la jurisdicción, sino también el dictado rápido de fallos. Frente a esto, los aspectos de recursos, tanto humanos como tecnológicos, es una preocupación permanente del Poder Judicial, del gremio de los judiciales y los letrados. Y además está la necesidad de producir modificaciones procesales para agilizar más las decisiones judiciales, por lo cual el afianzamiento de los medios alternativos de resolución de conflictos es una posibilidad, como también la descentralización de oficinas que signifiquen para los magistrados un cúmulo burocrático que lo separe del objetivo principal.
Por eso es que no existe una sola respuesta en materia de demora, es un conjunto de propuestas, siendo la más importante un cambio en el paradigma cultural del Poder Judicial, porque la calidad de la judicatura argentina está fuera de discusión.
En definitiva, sabemos que el problema de la mora es importante en nuestro país y es necesario tener siempre abierta una mesa de diálogo para alcanzar la concreción de justicia en cada caso.

Los consejeros jueces y la Asociación de Magistrados plantearon la necesidad de que el Consejo esté presidido por un representante del Poder Judicial, ¿comparte esa postura?
Creo que la consecuencia de la reforma de la ley del Consejo, de haber dejado en claro que la presidencia del cuerpo no iba a estar más en la persona del presidente de la Corte, ha establecido sus pro y contras. La contra que tiene es que la selección de cualquier presidente que no provenga de ese estamento y que no tenga un apoyo mayoritario puede provocar que la presidencia sea vinculada a algún tipo lineamiento partidario, y esto si se evita con una elección institucional. Pero lo positivo es que la posibilidad de que el cuerpo, autónomamente, elija a sus representantes es el mecanismo más democrático de todo el mundo. Este es un cuerpo que no tiene por función lo jurisdiccional, razón por la cuál es un órgano de política judicial. Yo respeto profundamente a los tres representantes del Poder Judicial en el Consejo, pero creo que no tenemos un punto de coincidencia en el tema; creo que es mucho más democrático que los pares del cuerpo elijan a sus representantes.

¿Qué representa para el estamento universitario estar al frente del Consejo?
Un altísimo grado de responsabilidad. La visión parlamentaria fue la que impulsó la presidencia y eso habla muy bien de ellos, porque es una apertura para instalar un mecanismo diferente de conducción. Creo que la visión nuestra, de los académicos, de equidistancia y de pretender ecuanimidad por sobre los estamentos es una de las cuestiones que buscamos con el consenso.

¿Cómo influirá en la búsqueda de consenso el ingreso de los nuevos consejeros, que reemplazarán a Storani y Leguizamón, que en principio son los dos que dejan el cargo?
Yo espero que la búsqueda del consenso quede adecuada como política del Consejo, en primer lugar. Luego, apuesto a que las personas que lleguen como consejeros tengan el compromiso de los que dejan el cargo. Tanto Leguizamon como Storani han trabajado mucho, aún sin dejar su cargo parlamentario, y eso es algo que yo destaco.

gastón vara / dju