La situación de los hospitales psiquiátricos en la Ciudad de Buenos Aires es preocupante y así lo demuestran las constantes denuncias que llegan a la Justicia porteña, relativas a las terribles condiciones en las que viven los internos. Tal es el caso del neuropsiquiátrico infanto juvenil Tobar García, para el que el asesor tutelar Gustavo Moreno pidió al fuero Contencioso y Administrativo que obligue al Gobierno local a garantizar las condiciones de seguridad edilicia y la prestación de los servicios.
La petición de Moreno se produjo a raíz de una acción de amparo presentada por la asociación de profesionales del hospital, que requirió que se arbitren “las medidas necesarias para que se habiliten y entreguen las obras y remodelaciones del Tobar García, cuyas etapas están concluidas y tiempos vencidos. Así, se busca subsanar “la omisión de la gestión que en forma flagrante y manifiesta vulnera los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que requieren la protección del derecho a su salud”.
Esto, con el objetivo de que se pueda utilizar el comedor, los lugares de recreación y los baños para los aproximadamente 60 niños internados y los 100 pacientes ambulatorios, que padecen hacinamiento.
El amparo recayó en el juzgado Contencioso y administrativo Nº 4, a cargo de Elena Liberatori de Aramburu, y luego de que se le corra vista al asesor tutelar, Moreno señaló “durante estos años pude advertir la falta de una política de Estado sostenida tendiente a dar solución a las carencias edilicias y de servicio que el Hospital Tobar García ostenta”.
Según la contratación prevista, las obras comenzaron en abril de 2006 y deberían haber estado concluidas al término de 18 meses, es decir para el 17 de octubre del corriente año. Pero al día de la fecha ello no ocurrió.
“Mientras el gobierno demora las entrega de las obras mis representados/as deben soportar situaciones de hacinamiento, debiendo permanecer en un medio ambiente indigno (paredes de habitaciones despintadas, carencia de taparrollos en las ventanas de los dormitorios, vidrios rotos en el comedor); asimismo se ve reducida la atención del servicio de salud mental a menores de 12 años, toda vez que se ha cerrado el servicio de internación configurando esto una grave vulneración a sus derechos”, expresó Moreno en su dictamen.
Además, remarcó que a pesar de la sanción de la ley 1.990, que declaró la emergencia sanitaria con relación a los recursos humanos hospitalarios, el tema en relación a la escasez de recursos humanos en el Hospital Tobar García “sigue sin resolverse”.
De esta manera, el titular de la Asesoría Tutelar 1 solicitó “que se ordene al G.C.B.A. que diseñe, presente y ejecute un plan de obras y un plan de prestación del servicio de salud mental en tiempo urgente y perentorio que contemple refacciones, remodelación y acondicionamiento del Hospital Tobar García, con incorporación del recurso humano necesario y revisión del las historias clínicas, que deberá adaptarse a las necesidades terapéuticas y a la remodelación integral del hospital”. Ello con el fin de los pacientes “puedan gozar de un servicio digno, en lo que a la salud mental infanto juvenil respecta, previendo la desinstitucionalización e inclusión social”.
Moreno concluyó su petitorio señalando que la situación en la que se encuentra el Hospital Tobar García, “ya dejó de ser una situación altamente preocupante para convertirse en casi un estado de abandono atento a la inacción por parte de la autoridad administrativa competente”.
El similar caso del Hospital Moyano A mediados de noviembre, Alejandra Petrella, a cargo del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº 5 de la Ciudad, obligó a la gestión de Macri a que en el transcurso de 2008 realice las obras pertinentes en el neuropsiquiátrico para que se garanticen las condiciones de seguridad y habitabilidad de las internas. La sentencia fue a partir de amparo presentado por la diputada porteña María Acuña, que denunció el estado deplorable del nosocomio. Entre otras cosas, remarcó que en todos los pabellones hay salas clausuradas utilizadas como depósitos, habitaciones superpobladas, cables de electricidad sueltos en lugares donde transitan las pacientes, sillas de ruedas rotas, baños en estado vejatorio, etc.
“De todo el proceso surge claramente que la salud mental no ha sido una prioridad del estado”, remarcó la magistrada. Actualmente, en el Moyano hay una población de más de mil pacientes permanentes y otro tanto que realizan tratamientos ambulatorios. Por otra parte, es importante señalar que la salud mental se encuentra entre las primeras diez causas de discapacidad en el mundo, representando el 12% de ella.
dju / dju
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