La ley que regulaba los abortos no punibles que fue aprobada por la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa en noviembre pasado, fue vetada por el gobernador este lunes. El titular del Poder Ejecutivo provincial, sostuvo que se trataba de una norma “anticonstitucional” y afirmó que permitía "interpretaciones y aplicaciones que colisionaban abiertamente con el espíritu restrictivo de los tipos cerrados" de la legislación penal. La norma había tenido el apoyo del gobernador saliente Carlos Verna a diferencia de lo sostenido por el actual mandatario provincial. La ley había sido presentada por el legislador socialista Adrián Pepino y se ocupaba de regular incluso el procedimiento que debían seguir los médicos en hospitales públicos en los casos de abortos no punibles, que están contemplados desde hace 70 años en los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal de la Nación. La decisión del gobernador será festejada por la Iglesia Católica que se oponía abiertamente a la propuesta.
Será justicia
El juez federal Sergio Torres ratificó la elevación a juicio oral y público de la causa por el secuestro de Rodolfo Walsh. Los represores comprometidos en este caso son Jorge "el Tigre" Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velasco, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Julio César Coronel, Ernesto Frimon Weber y Carlos Orlando Generoso. El décimo acusado era el ex militar Héctor Febres, que fue hallado muerto pocos días antes de que se dicte sentencia en su contra. Se los investiga por los cargos de “privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida con abuso de sus funciones y con las agravantes correspondientes por haber sido perpetrada con violencia y amenazas" y por otro lado también se los acusa de "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda". Las defensas que los imputados opusieron contra el auto de elevación a jucio, fueron rechazadas “in limine", por el magistrado.
17 años de cárcel por el secuestro de Fernanda Aguirre
La Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná condenó este lunes a 17 años de prisión a Mirta Chávez por el secuestro extorsivo de la adolescente Fernanda Aguirre en julio de 2004, joven aún desaparecida. Por otra parte, Raúl Monzón, quien estaba acusado de encubrimiento, fue absuelto. Chávez era la esposa del principal acusado del secuestro, Miguel Lencia, quien apareció ahorcado luego de ser detenido por el hecho. Fernanda Aguirre tenía 13 años cuando fue secuestrada en la localidad de San Benito. Sus padres pagaron un rescate de 2.000 pesos, pero la chica nunca apareció. Su madre cree que Fernanda fue sacada del país y entregada a una red de prostitución internacional. En el juicio Chávez admitió que hizo los llamados para pedir el rescate de Fernanda pero los jueces descartaron que lo haya hecho bajo coacción de su marido. Los magistrados que dictaron la condena fueron José María Chemez, Ricardo González y Hugo Perotti.
Decreto cordobés para abrir los archivos de la dictadura
A través de un decreto, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti ordenó la apertura de los archivos policiales que puedan estar vinculados con la última dictadura militar. Aseguró que esa medida “era una responsabilidad histórica” del Poder Ejecutivo de la Provincia. En declaraciones a los medios, el mandatario indicó que “es necesario que se elimine cualquier manto de sospecha sobre la institución policial, porque esta tiene que ser la policía de la democracia”. Con el decreto, Schiaretti ordenó a la Policía cordobesa y a las distintas dependencias del Estado poner a disposición de la Comisión Provincial de la Memoria todo registro perteneciente a la etapa del último proceso militar para que luego se incorporen a las causas que investigan los delitos de lesa humanidad cometidos durante ese período. Con esta inicativa, el gobernador remarcó que adhiere a la política nacional de derechos humanos.
Rafaela inaugura un juzgado de menores
Este jueves comenzará a funcionar un juzgado de menores en la Justicia de Rafaela, provincia de Santa Fe. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia anunció que este jueves a las 12 horas se hará la ceremonia de inauguración del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Segunda Nominación, perteneciente a la jurisdicción de Rafaela. El nuevo tribunal funcionará en la calle Aristóbulo del Valle 538 y estará a cargo de la jueza María Feraudo quien prestará juramento ante el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco. Por otra parte, el juez Ángel Pardo fue elegido como presidente de la Cámara Penal de Rafaela.
Ex dictador uruguayo detenido por violación a los derechos humanos
Tras haber sido procesado por la desaparición forzada de personas, el dictador uruguayo Gregorio Álvarez fue detenido por la INTERPOL y conducido a la Jefatura de Policía de Montevideo. Álvarez trasladaba desde Argentina a Uruguay a opositores políticos que luego eran asesinados, acusación que se enmarca en los delitos de lesa humanidad y que podría tener una pena de entre 2 y 25 años de prisión. El represor los habría cometido durante la dictadura militar uruguaya, entre 1973 y 1985. No obstante, el ex comandante niega haber tenido conocimientos del Plan Cóndor en las dictaduras del Cono Sur y de los centros clandestinos de detención y tortura que funcionaban en Argentina y en su país. Ahora se encuentra a disposición del juez Penal Luis Charles.
Ecuador condenado por la CIDH a por acusarlos de narcotráfico
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano a indemnizar a dos hombres sospechados de narcotráfico. En 1997, en el aeropuerto de Guayaquil y en el marco de un operativo antinarcóticos, se detectó un cargamento de pescado contaminado con clorhidrato de cocaína y heroína, depositado en unas cajas térmicas similares a las que usaba la empresa de los implicados. Sin embargo, luego de que estuvieran un año presos, se demostró mediante peritajes que los sospechosos no eran culpables. El informe de la CIDH detalló que Chaparro Álvarez y Lapo Iñiquez fueron detenidos sin que haya flagrancia en el delito y sin tener la orden de un juez, por lo que consideró que se violaron sus derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y el derecho a la propiedad privada, entre otras garantías constitucionales. Por tales conceptos, Ecuador deberá resarcir en alrededor de 355000 dólares a Álvarez y en 92000 a Iñiquez. Resta ahora un arbitraje que se llevará a cabo para definir la compensación por daño material.
Pena de muerte prohibida
Nueva Jersey es el primer Estado de Estados Unidos, en abolir la pena de muerte desde su restauración en 1976. El gobernador John S. Corzine firmó la ley tras haber conmutado las penas de muerte a ocho reclusos, que ahora están condenados a cadena perpetua. La normativa, indica que toda sentencia a muerte debe ser reemplazada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La legislación fue aprobada con 44 votos a favor y 34 en contra. Según el Centro de Información estadounidense de la Pena de Muerte, desde que se restableció la pena capital en EEUU, se ejecutaron 1.099 personas en el país, cerca de 400 de ellas en Texas, convirtiéndose en el Estado en que más veces la ha aplicado.