Tan poco claro como la investigación de la muerte de Juan Ángel Greco, ocurrida el 4 de julio de 1990 cuando se incendió la celda en que se encontraba alojado en la comisaría de Puerto Vilelas, Chaco, parece ser la ley provincial que creó la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, cuya puesta en funcionamiento fue recomendada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando intervino en el caso.
La ley 4538, impulsada por el radicalismo, estableció que el “Agente Fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos” tiene entre sus funciones “promover la investigación de los hechos de tortura u otros tratos degradantes que tomare conocimiento, cometidos por funcionarios públicos en perjuicio de personas que se encuentren jurídicamente a su cargo”.
Sin embargo, en la última parte, la norma agrega que “en tales casos,
el agente deberá constituirse en querellante particular”, y eso fue lo que desató los cuestionamientos por parte de algunos legisladores, e incluso del CELS, que presentó un amparo para impedir la designación del fiscal, entendiendo que la norma no cumple con las pautas básicas acordadas con la CIDH en el marco del “Caso Greco”.
“Con el criterio que marca esa ley el fiscal no tiene ninguna facultad, independientemente de la persona que sea designada, queremos que los órganos de investigación sean eficientes, pretender combatir las violación de los derechos humanos con esta ley es como tratar un enfermo de cáncer terminal con aspirinas", señaló en su momento Mario Bosh, representante del CELS en Chaco.
Por su parte, el diputado provincial Daniel San Cristóbal, que había presentado el proyecto original, sostuvo que “se ha desnaturalizado el instituto, porque la idea era que la Fiscalía de Derechos Humanos sea una fiscalía adjunta con el mismo poder que cualquier fiscal”.
Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos y las presentaciones judiciales, el Consejo de la Magistratura chaqueño siguió adelante con el concurso de antecedentes y oposición para elegir al fiscal y antes del recambio de gobierno fue designado Daniel Turraca. Para el puesto se presentaron cinco aspirantes y Turraca logró la aprobación de cuatro de los siete consejeros. Ahora, deberá dejar el cargo de secretario de
primera instancia de la Fiscalía de Investigación Nº 2 de Resistencia.
La Fiscalía Especial de Derechos Humanos es producto de la solución amistosa a la que arribaron la CIDH, el Estado Nacional y la provincia de Chaco en la Causa Greco, que trascendió la jurisdicción argentina luego de que la Justicia chaqueña ordenara en 1996 el archivo de las actuaciones.
Greco era un joven artesano que había sido detenido el 25 de junio de 1990 y pocos días después murió por las graves quemaduras sufridas en la comisaría. Su madre, Zulma Bastianini de Greco, denunció el caso ante la CIDH y la misma admitió la petición. Allí, se reconoció la responsabilidad institucional del gobierno chaqueño en el hecho, se acordó la creación de la nueva fiscalía, se dispuso el pago de $300.000 en concepto indemnizatorio a la familia de la víctima y se ordenó la reapertura de la causa judicial.
Al respecto, el diputado San Cristóbal aseguró que, en las condiciones que se aprobó la ley, “lo único que se hizo fue pagar la indemnización, el resto se cumplió en los papeles pero no en la práctica”.
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