La ex ministra de Economía Felisa Miceli fue procesada por los delitos de encubrimiento y sustracción de documento público. La decisión fue tomada por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría en la causa que investiga el dinero hallado en el baño del Ministerio en junio del año pasado. La dictó sin prisión preventiva y con un embargo de 200 mil pesos sobre los bienes de Miceli. Por otro lado, la magistrada ordenó la falta de mérito para José Miceli, hermano de la procesada, y envió a la Justicia Federal de San Martín una denuncia para que investigue a la empresa Cuenca a quien se le adjudicó el paso en algún momento de la plata que fue encontrada en el baño de la ex funcionaria. Todo fue resuelto el 28 de diciembre, último día hábil judicial antes de la feria de verano. La bolsa encontrada contenía 100 mil pesos y 31.670 dólares que la ex ministra dijo que tenía allí para concretar una operación inmobiliaria. El hecho le costó el cargo pues tuvo que dejar el Gobierno de Néstor Kirchner cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán avanzaba con la investigación.
Volvió y con horario de atención extendido
El Registro Provincial de la Propiedad comenzó a funcionar nuevamente este lunes luego de un mes de paro de sus empleados que reclamaban mejoras salariales. El reinicio de las actividades permitirá avanzar con cerca de 45 mil operaciones inmobiliarias que estaban suspendidas desde diciembre por el paro. Para agilizar los trámites el director del Registro, Julio Pángaro, anunció que extenderá el horario de atención al público hasta las 20. Respecto a los reclamos de los empleados, este martes habrá una reunión en el Ministerio de Trabajo.
Una valija, muchos secretos
En la audiencia del día de hoy por el "caso del maletín", dos de los cuatro detenidos, serán acusados formalmente de haber conspirado para encubrir el destino de los 800.000 dólares que el venezolano Wilson Antonini intentó ingresar a la Argentina en agosto pasado y por el que fue detenido en Aeroparque. Se trata de Carlos Kauffman, quien presuntamente vinculó el dinero con la campaña presidencial del oficialismo y Moisés Maionica, quienes deberán comparecer ante la jueza Andrea Simonton, miembro de la corte Federal de Miami, para declararse culpables o inocentes. Franklin Durán y Rodolfo Wanselee, los otros dos involucrados, se declararon inocentes. El fiscal Tom Mulvihill tiene tiempo hasta el 11 de enero para reunir todas las pruebas que tiene contra Durán, grabaciones, filmaciones y llamados telefónicos mediante las que buscará demostrar que trabajaba para el gobierno de Venezuela. Por su parte, el ministro argentino de Justicia, Aníbal Fernández, insistió en el pedido de extradición, y solicitó que la Justicia de EE.UU. permita que el venezolano Guido Antonini Wilson sea juzgado en este país. Esas declaraciones se suman a las de la Presidenta Cristina Fernández, quién afirmó que todo el procedimiento era "un operativo basura".
Denuncian irregularidades por ser sudamericano
Comienza en España, el juicio contra el argentino Juan Daniel Pintos Garrido, de 24 años, acusado de participar en la agresión a un guardia urbano en Barcelona. El imputado fue arrestado el 4 de febrero de 2006, en la puerta de un local donde se realizaba una fiesta ilegal para más de mil personas. Tras la revuelta, el argentino, dos chilenos y seis europeos fueron detenidos. Los europeos fueron liberados, pero los americanos permanecen detenidos desde hace dos años. A Garrido se le dictó prisión preventiva el 6 de febrero de 2006 y fue llevado preso al Centro Penal de Jóvenes de la Trinidad. En el proceso ante la Audiencia Provincial 8, el joven afrontará los cargos de "atentado a la autoridad y lesiones", por los cuales la fiscalía pidió que se lo condene a once años de prisión. Su madre, que viajó a España para presenciar el proceso, denunció irregularidades en la investigación que atribuyó a la condición de sudamericano de su hijo. Reclama a su vez, garantías para su defensa. También presenciarán las audiencias el cónsul adjunto en esa ciudad, Carlos Arzani, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).