El juez federal Norberto Oyarbide se declaró incompetente y elevó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la causa por supuestas irregularidades en el otorgamiento de franquicias diplomáticas para la importación de autos. El juez, tomó esta decisión luego de que la Cancillería le hubiera informado que había embajadores y cónsules vinculados al caso, que como tales gozan de inmunidad, por lo que el magistrado declinará su competencia a favor de de la Corte Suprema. En la lista de presuntos involucrados figuran 15 embajadores, y decenas de cónsules y funcionarios de embajadas. El Máximo Tribunal, deberá decidir ahora si se hace cargo de la investigación o designa un juzgado de instrucción para que la lleve adelante. El anuncio de Oyarbide, coincide con el descontento de autoridades extranjeras con el Gobierno Nacional por la difusión que tuvo el caso.
La Justicia ordenó reincorporar a un empleado del INDEC
La Justicia Laboral le ordenó al INDEC que reincorpore a un trabajador que había sido despedido y a quien también se le había prohibido ingresar al instituto. El juez laboral de feria Ricardo Tatarsky dispuso “hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al INDEC que restituya a Luciano Belforte en las mismas condiciones de trabajo en cuanto a su puesto y lugar de prestación en que se encontraba con anterioridad a la modificación dispuesta el 3 de enero del 2008 por Roberto Martínez, director de recursos humanos del INDEC”. Belforte se desempeñaba en la Secretaría de Política Económica del instituto antes de ser transferido al Ministerio de Economía, era delegado sindical de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el INDEC, y declaró en la causa judicial que lleva adelante la justifica federal contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “El INDEC ya debe estar notificado y mañana mismo (por el martes 29) tiene obligación de dejar entrar a Belforte al lugar donde estaba antes”, le explicó a Diariojudicial.com Matías Cremonte, abogado de ATE.
Gastos transparentes en la Legislatura de Neuquén
Los legisladores de la provincia de Neuquén habilitaron en la página Web del organismo ( http://www.legislaturaneuquen.gov.ar) un link para que los ciudadanos puedan informarse y supervisar el detalle de las compras realizadas por la Legislatura. “Este sitio será el lugar de encuentro y operatoria con los proveedores que deseen abastecernos, así como de consulta de los ciudadanos que deseen conocer el uso y administración de los fondos públicos”, se lee en la página. El sitio posee, además, un vínculo con la Web de la Contaduría General de la Provincia, que ofrece información de utilidad para proveedores y contratistas que operen con el Estado provincial.
Para fortalecer la formación profesional
Estudiantes de las Facultades de Derecho de las diversas universidades públicas y privadas de Perú, participarán a partir de las sesiones del juicio oral seguido contra el ex presidente de ese país, Alberto Fujimori, que se desarrolla en la Sede Judicial Ate Vitarte. La medida responde a una invitación formulada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú, al considerar que la presencia de los estudiantes durante el acto de juzgamiento del ex mandatario, contribuirá a elevar su formación académica y posterior desarrollo profesional. Este proceso, es uno de los tres “megajuicios” por matanzas de civiles en Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, ambos en Lima, cargos que podrían costarle 30 años de cárcel.
Adaptando el Derecho de Chad a la Ley francesa
Los seis miembros de la ONG Arca de Zoé que fueron condenados en Chad a ocho años de trabajos forzados por el intento de secuestro de 103 niños se vieron beneficiados por la adaptación al derecho francés de la pena impuesta en el país africano. Ahora deberán purgar ocho años de prisión en Francia, aunque pueden apelar la sentencia. El Tribunal francés no ha entrado en el fondo del asunto, que ya había juzgado en Chad, y se limitó a hacer aritmética judicial para transponer la condena original, ya que los trabajos forzados no existen en la legislación del país eurpoeo. Los seis miembros de la ONG francesa llegaron a finales de diciembre a París después de que las autoridades de Chad aceptaran el pedido de traslado de las autoridades francesas. Una pareja de Nantes los querelló porque su organización les aseguró que les iba a entregar un huérfano de padre y madre para lo que habían desembolsado 2.550 euros.