“El Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas tiene tres áreas vitales. La primera es la asistencia a la víctima, lo inmediato y permanente a partir a la comisión de un delito; la segunda es la protección integral y la tercera es una incorporación novedosa, se trata especialmente de la incorporación de la defensa judicial de la víctima”, explicó Casal.
El objetivo principal de la dependencia es la de acompañar, asesorar y contener a las víctimas de delitos y su familia. Y desde el punto de vista jurídico permite incorporar a la víctima en la defensa judicial. “En la provincia de Buenos Aires no existe la defensa judicial, sino exclusivamente la defensa del imputado”, señaló el Ministro.
El Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas se inaugura durante las vacaciones y luego de una seguidilla de robos a casas de veraneo en la costa atlántica, sobre todo en los balnearios de Pinamar y Cariló. Los hechos hicieron que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, se hicieran presentes en Pinamar para llevar tranquilidad a los turistas y disponer medidas para atacar los robos.
La nueva oficina del Centro de Protección se inauguró gracias a un convenio que Casal firmó con el intendente del Partido de la Costa, Juan De Jesús. El ministro aprovechó su visita y también se reunió con los jefes comunales de Pinamar y Villa Gesell, Norberto Porretti y Jorge Rodríguez Ernetta, respectivamente.
Casal estuvo acompañado por la subsecretaria de Política Criminal, María Pía Leiro, el subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, Paulo Stara, el director del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacios, y por el fiscal General del Partido de la Costa, Felipe De Filito.
Cómo será la reforma penal
Por otra parte, el ministro de Justicia defendió la reforma penal en la que el Gobierno bonaerense está trabajando. “Es un proyecto muy modesto, no tiene un contenido espectacular ni académico ni queremos innovar sino hemos trabajado con el sentido común, y le digo rápidamente, la casación tiene un atraso de 7 mil y pico de causas en las cuales hemos decidido limitar su competencia y darle un rango cualitativo para que atienda exclusivamente lo legal, mientras que el resto, lo correccional, se va a derivar a las cámaras de apelaciones”, explicó Casal este lunes en declaraciones a Radio América.
El Tribunal de Casación es uno de los pilares de la reforma. Las Cámaras de Garantías actuaran como tribunales de casación ad-hoc hasta estabilizar el trabajo del fuero. Luego, establece el proyecto, Casación tendrá una competencia más limitada que la actual: se dedicará solamente a revisar los fallos de los tribunales orales.
Otra reforma pensada es extender a toda la provincia la ley de flagrancia que está vigente en solo 11 departamentos judiciales. Se trata de la norma por la cual se juzga en menos de 60 días a quienes son detenidos cometiendo un delito, es decir in fraganti. Este sistema sólo se aplica en los casos donde se prevén penas menores a los 15 años de prisión.
Ambas iniciativas tienen el mismo fin: reducir la sobre cantidad de trabajo que tienen los tribunales penales de la provincia. Los dos proyectos serán enviados en los próximos días a la Legislatura donde serán tratados en las sesiones extraordinarias de febrero.