Dos artistas argentinos, oriundos de la provincia de Córdoba, presentaron una demanda civil y una denuncia penal contra España por ser víctimas de un episodio de “discriminación y tratos crueles” cuando en noviembre pasado se le prohibió el ingreso al país en el aeropuerto de Barcelona y fueron detenidos durante 48 horas.
Ambas acciones judiciales, iniciadas por el músico Walter Vergara y la bailarina María Álvarez, fueron presentadas ante la justicia federal de Córdoba, cuyo juzgado de feria es el 2º, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes. Diario Judicial.com tuvo acceso a ambas presentaciones.
Los denunciantes, que viajaron a España el 17 de noviembre pasado al casamiento de un familiar, sostienen que en varias ocasiones fueron llamados “sudacas” por las autoridades migratorias y remarcaron que les dijeron verbalmente que existía una decisión de impedir que "ciertas etnias que respondan a ciertas características fisonómicas ingresaran a Europa".
Sin embargo, al momento de la detención el argumento fue que "no tenían profesión alguna, ni medios de vida, ni lugar para alojarse en España, así como tampoco dinero para retornar al país". Pero la denuncia desmiente todo ello y sostiene que "tenían medios económicos suficientes, inclusive tarjetas de crédito internacionales, y además lugar para la permanencia en España y sus respectivos pasajes aéreos con regreso establecido a sólo 18 días del ingreso".
“El Reino de España no solo la ha violado derechos internacionalmente reconocidos a los actores, en el caso ciudadanos argentinos, sino que además, ha violado toda regulación antidiscriminatoria y de proscripción de tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Unión Europea”, dice la acción civil.
La demanda es por poco más de un millón de pesos, mientras que por otra parte se pidió la imputación de los policías denunciados por los delitos de lesiones psíquicas graves, privación ilegal de la libertad y falseada ideológica.
Además, en la presentación, el abogado Zeverin reclamó que esos funcionarios sean extraditados a la Argentina "para ser juzgados por violación de la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y Convención contra la Tortura y de Tratos y Penas Crueles Inhumanos y Degradantes de las Naciones Unidas".
En la denuncia penal, se expresa que “se falsearon los datos en el informe para poder llegar a una resolución de no ingreso a España con respecto a los denunciantes, mientras se los privó ilegalmente de su libertad personal, se los vejó, maltrató y humilló, todo en virtud de actividad criminal discriminatoria, acciones que constituyen delitos de orden nacional”.
En cuanto a la competencia de la Justicia argentina, el letrado sostuvo que corresponde porque el hecho cesó en el aeropuerto de Córdoba y porque, además, los artistas nunca pudieron ingresar a España, por lo que no hay deportación. Sobre la competencia material, el escrito judicial sostiene que se produjeron delitos que afectaron derechos constitucionales, ya que la violación de tratados internacionales, por imperio del artículo 75 inciso 22, pertenecen a tal ordenamiento.
Finalmente, fuentes judiciales indicaron que como no se trata de un caso “urgente” para resolver no es necesario habilitar la feria, por lo que recién el viernes, cuando ésta finalice, se correrá vista a la fiscal, que entre otras cosas, deberá dictaminar sobre la competencia federal.
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