“Ha de destacarse que el rechazo del pedido se funda en la insuficiencia de la prueba que la peticionaria quiere completar en esta información sumaria y que consiste precisamente en los elementos de juicio que entiende ésta conduce al reconocimiento de su derecho, cuya valoración corresponde, en primer término, a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, explicaron los camaristas.
La mujer intentó una acción sumaria para acreditar que debió exiliarse durante la última dictadura militar y así acceder a la indemnización que prevé el Estado para las personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional antes del 10 de diciembre de 1983 o, de ser civiles, haber sido privados de su libertad por tribunales militares con o sin sentencia en su contra.
La actora señaló que a fines de agosto de 1976 fue detenida por personal militar; que en octubre de ese mismo año se llevó a cabo un operativo policial en la casa de sus suegros en busca de ella; y que por la persecución política que sufría desde la instauración de la dictadura militar debió exiliarse y que recién regresó al país el 10 de diciembre de 1983.
Pero la información sumaria fue rechazada en primera instancia. Allí se explicó que era el Ministerio del Interior quien debía comprobar de manera sumarísima que se cumplieran los recaudos que establece la ley. Y que recién ante el rechazo del pedido, el caso puede llevarse a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Eso está fijado en el artículo tercero de la ley de indemnizaciones por la cual “la solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, quien comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos”. Y agrega que “la resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los diez (10) días de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará fundado y el Ministerio del Interior lo elevará a la Cámara con su opinión dentro del quinto día. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones”.
El fallo, además, explica que la información sumaria permite llevar a un expediente prueba que constate los hechos que funda su pedido. “en la especie, la información que se requería no resultaba procedente, en tanto la profusa prueba que pretendía producir desnaturalizaba los alcances propios del instituto de marras, pretendiendo la peticionaria que el tribunal sustituyera a la autoridad administrativa de aplicación de la ley 24.043 en la comprobación de los hechos”, señala.
“Ello era toda vez que la requirente no había alegado razones que le impidieran ofrecer y producir la prueba pretendida en sede administrativa”, completa la sentencia.
Al ratificar el fallo de primera instancia, los camaristas sostuvieron que “los elementos de convicción para acreditar los dos días de detención invocados por la parte actora deben ser presentados ante esa sede –el Ministerio del Interior–, no resultando procedente dar curso a la información sumaria requerida”.