La fiscal federal de San Isidro Rita Molina pidió que el ex jefe de la Prefectura, Carlos Fernández, sea citado a declaración indagatoria para que explique si el ex prefecto Héctor Febres gozaba de privilegios en la base naval del Delta donde estaba detenido y fue asesinado con cianuro. El pedido debe resolverlo la jueza federal Sandra Arroyo. Molina solicitó la indagatoria mientras reemplazó durante la feria a su par Alberto Gentilli, encargado de la investigación. Fernández fue separado del cargo luego del asesinato de Febres, el 10 de diciembre pasado, a días de conocerse el veredicto que se le seguía por crímenes de lesa humanidad. Según las denuncias, Febres tenía en su celda dvd, teléfono celular y una computadora. Además, recibía visitas fuera del horario permitido.
Amenazas portuarias
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó la resolución de grado que dictó el procesamiento con prisión preventiva de algunos dirigentes de la agrupación Movimiento Estibadores Portuarios de Pie y de funcionarios de la Administración General de Puertos, en el marco de una causa que investiga irregularidades cometidas en trámites de jubilación. Los imputados están acusados de aprovecharse de su función a los fines de obtener una “comisión” por las jubilaciones o reajustes que cobrarían los integrantes de la agrupación. Con la decisión de la Cámara, quedaron a un paso del juicio oral y público.
El Consejo Consultivo Permanente para la Política Judicial de Salta comenzó su actividad
El Consejo Consultivo Permanente para la Política Judicial de Salta se reunió por primera vez este lunes en la Sala de Gabinete de la Gobernación, en un encuentro encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Las reuniones se realizarán mensualmente, en tanto que este lunes se acordó avanzar en el estudio de un proyecto de reglamento interno y la definición de una agenda de temas prioritarios que deberán ser tratados en los próximos encuentros. Tal como lo establece el decreto 85, que en enero creó al Consejo, el órgano está integrado por el ministro de Justicia, Nicolás Juárez Campos, el ministro de Finanzas y Obras Públicas, Carlos Parodi; el fiscal de Estado interino, Ricardo Casali Rey y el secretario de Justicia, Juan Sebastián Lloret. A su vez, se sumaron a la iniciativa la Corte de Justicia, representada por la jueza María Cristina Garros Martínez; el Ministerio Público a través de su asesora general de incapaces Mirta Lapad,; el Colegio de Magistrados con la presencia de la defensora civil 1 Verónica Orellana; el Colegio de Abogados con su titular Martín Díaz y la Cámara de Diputados con su presidente, Manuel Santiago Godoy y el diputado Fabián Vittar. Finalmente, también participaron las universidades, con la representación de la rectora de la UNSA, Stella Pérez de Bianchi y por las Organizaciones no Gubernamentales, Elizabeth de Terán de la Fundación Papis.
Innovación en la organización de la Justicia de la Provincia
Luego de mantener una reunión con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Justicia, Ricardo Casal, contó sobre las iniciativas que existen para optimizar el funcionamiento del área. Para ello se crearán 5 Salas de Casación Penal que serán distribuidas en el territorio provincial acompañando la ya auspiciada reforma del Código Procesal Penal.
Renuncia de un represor chileno
El general chileno Gonzalo Santelices renunció al ejército de ese país, tras ser acusado de haber participado de la “Caravana de la Muerte”, en la que militares asesinaron a 75 personas en 1973. El militar, que ocupaba uno de los cargos más prominentes del ejército chileno, tomó la decisión poco después de que se revelara su participación en uno de los más atroces casos de violaciones a los derechos humanos en los inicios de la dictadura del general Augusto Pinochet. Se lo imputa formalmente de participar en el asesinato de 14 opositores. El general reconoció en una declaración judicial que sacó a esos prisioneros desde la cárcel de Antofagasta y los formó delante de camiones con las luces encendidas para que la gente de otro general los matara. El gobierno de ese país, se mostró conforme con la renuncia del represor.