El procurador general de la Nación, Esteban Righi, rechazó la declinación de competencia del juez federal Norberto Oyarbide para entender en la causa que investiga irregularidades en el otorgamiento de franquicias diplomáticas para la importación de autos de lujo y recomendó que la investigación vuelva a su juzgado. El dictamen de la Procuración ahora deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Oyarbide se había declaro incompetente porque al estar involucrados funcionarios diplomáticos la instancia original para que sean investigados es el Máximo Tribunal. “Los elementos de prueba reunidos hasta el presente resultan insuficientes para determinar la eventual responsabilidad que pudiera caber a los aforados (los diplomáticos) en la comisión de los hechos”, dijo Righi. Y agregó: “Sentado ello, y sin perjuicio de lo que surja como consecuencia del avance de la investigación, estimo que los extremos invocados en apoyo de la incompetencia no alcanzan, a esta altura del proceso, para establecer si se trata de un caso de los que habilitan la jurisdicción originaria del Tribunal, teniendo en cuenta que la Corte Suprema, como tribunal superior de la justicia nacional, participa de la naturaleza excepcional y restringida que caracteriza a la jurisdicción federal”. La investigación por las irregularidades en el otorgamiento de las franquicias, tiene una segunda causa que se tramita en el fuero Penal Económico por el delito de contrabando y que está a cargo del juez Jorge Brugo. TEXTO COMPLETO
La Corte Suprema falló en contra
La Corte Suprema de Justicia resolvió desestimar la queja interpuesta por la defensa de Domingo Felipe Cavallo y Alfredo José Castañón en una causa por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. En el caso en cuestión, la defensa de los actores cuestionó la resolución del Tribual Oral en lo Criminal Federal Nº4, el cual había rechazado un planteo de falta de acción formulado en la causa que se les imputa. Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, entendieron que dicha presentación no había dado íntegro cumplimiento a lo dispuesto en la acordada 4/2007 referente al reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja por denegación de aquel. Por su parte, Elena Highton de Nolasco y Raul Zaffaroni entendieron que el pronunciamiento recurrido no revestía la calidad de sentencia definitiva o equiparable a tal, por sus efectos.
Renunció el subsecretario de Seguridad Bonaerense
Martín López Perrando le presentó su renuncia al titular de esa cartera, Carlos Stornelli argumentando "diferencias metodológicas". Su jefe aceptó la decisión y le agradeció "por los servicios prestados". La aceptación de la renuncia se conoció luego de que el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, mantuviese reuniones, por separadocon ambos. Antes de asumir en el cargo de subsecretario, López Perrando se desempeñó como fiscal de instrucción.
Finalizan las indagatorias por el motín en Santiago
En los próximos días el juez Ramón Tarchini Saavedra, encargado de la investigación por las 36 muertes de reclusos en el penal de Santiago del Estero, deberá resolver la situación de los guardiacárceles acusados de abandono de persona. Por su parte, el director del penal fue excarcelado bajo fianza. El motín se originó al finalizar el horario de visitas el 4 de noviembre del 2006, cuando los internos se enfrentaron a los guardiacárceles, lo que derivó en un incendio.
Nuevas magistradas laborales
La provincia de Formosa sumó esta semana dos nuevas magistradas al fuero laboral. Se trata de Griselda Olga García de Acosta y Olga Inés Olmedo, que juraron como juezas de la Sala II y III del Tribunal del Trabajo, respectivamente. El acto de asunción fue el lunes en el salón "Juan José Paso" del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde su presidente, Eduardo Manuel Hang, tomó juramento a las flamantes magistradas, en presencia de los demás ministros, Arminda del Carmen Colman, Héctor Tievas y Carlos Gerardo González, además del procurador general, Claudio Aguirre. En la ceremonia, también estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Jorge González, la fiscal de Estado, Stella Zaballa de Copes y todos miembros del Consejo de la Magistratura local, entre otras autoridades. Tras la jura, Hang instó a las juezas a tratar de dar a la población una aplicación de la ley en forma prudencial y equilibrada, según dio a conocer la prensa formoseña.
Por genocidio y delitos de lesa humanidad
La Audiencia Nacional española estipuló la detención de cuarenta miembros de las fuerzas armadas de Ruanda, bajo los cargos de “genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo", acusados por la muerte de cuatro millones de habitantes de ese país en los años ‘90 y del asesinato de seis españoles. Las órdenes de captura internacionales, se dictaron en función de la presunta responsabilidad de los militares en la toma del poder por la fuerza e implementación de un régimen de terror en el país. El actual presidente de Ruanda no pudo ser sometido a juicio, debido a que goza de inmunidad de jurisdicción y de ejecución en razón de su cargo. No obstante, existen fuertes indicios de que estuvo implicado en esos crímenes. La justicia española tiene competencia universal para los delitos de genocidio y crímenes de lesa la humanidad, lo que permitió al juez Baltasar Garzón conseguir en 1998 la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet.