La resolución de la magistrada, para cuyo dictado la Sala de Turno de la Cámara del Trabajo habilitó la Feria Judicial, puso al Ejecutivo en una carrera contra reloj para no incurrir en "desobediencia", ya que la Procuración del Tesoro tiene previsto apelar, en las dos primeras horas del lunes, los fallos adversos a la aplicación del decreto 430/00 por el cual se dispuso el recorte en los sueldos de los empleados de la Administración Pública nacional.
Hernández, subroga durante la Feria Judicial a la magistrada Silvia Barrionuevo, quien tiene a cargo la causa.
La juez, con el dictamen favorable de la fiscalía, adoptó la medida ante un pedido de María Teresa Derudi, cuyo salario sufrió un descuento del 12 por ciento.
Al habilitar la Feria, los integrantes de la sala del turno Julio Cesar Simón, Graciela González y Roberto Lescano, entendieron que "la demora en el caso planteado puede originar perjuicio a la parte actora".
La mujer había reclamado que se aplicara una multa al PEN y que se comunique la situación de conflicto de poderes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida dispuesta en su momento por Barrionuevo, y luego confirmada por la Sala Primera de la Cámara del Trabajo, prohibió al PEN efectuar descuentos sobre los haberes de Derudi hasta que se resuelva "la cuestión de fondo", respecto de la constitucionalidad del decreto presidencial de necesidad y urgencia.
El abogado de la empleada, Eduardo Bercesat, efectuó una denuncia contra el PEN por presunta "desobediencia" que se encuentra radicada en el juzgado federal a cargo de Gabriel Cavallo.
La norma en cuestión, que fue publicada el 31 de mayo pasado, estableció un recorte del 12 por ciento en las remuneraciones del sector publico superiores a los 1000 y hasta 6500 pesos y de un 15 por ciento en que se ubican por encima.
Hasta el momento en el fuero laboral se han registrado una treintena de fallos adversos que disponen la suspensión de la aplicación del recorte, mientras que el magistrado de ese fuero Enrique Arias Gibert resolvió la cuestión de fondo declarando la inconstitucionalidad del ajuste.
La fiscal general del trabajo sustituta durante el receso, Gabriela Vázquez, en su dictamen se mostró a favor de la habilitación de la Feria al señalar que "el objeto del proceso está dirigido a conjurar la aplicación temporal de una rebaja salarial durante el lapso del litigio" por lo que la resolución del "asunto no admite demoras".