La causa por la desaparición de los registros de llamadas contra la firma de telefonía celular se inició de oficio, ya que el juez Juan José Galeano extrajo testimonios para que se investigue si se incurrió en "desobediencia" a una orden judicial, cuando se había dispuesto el resguardo de los mismos.
Mediante el entrecruzamiento de las llamadas contenidas en los registros de los meses anteriores y posteriores al atentado, ocurrido el 18 de julio de 1994 los investigadores tenían la expectativa de localizar los sitios en que se encontraban unos diez teléfonos celulares propiedad de Ribelli.
Los abogados de la DAIA y la AMIA impulsan la investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío, ya que entienden que con la destrucción de los padrones de llamados -que la empresa atribuye a un error involuntario- se llegará al juicio oral y público contra los policías "con una prueba debilitada".
Una postura semejante pero con sentido inverso planteó Ribelli, quien sostuvo que "se destruyó prueba que lo hubiera favorecido", según confiaron fuentes judiciales consultadas por Diariojudicial.com.
Ahora, y ante un pedido en ese sentido, la Sala de Feria accedió a reconocerlo como querellante.
Esa presunción se contradice abiertamente con la línea investigativa seguida en la causa, ya que algunos de los llamados efectuados desde esos aparatos en la época del atentado se habrían localizado en cercanías del domicilio de Carlos Alberto Telleldín, en Villa Ballester.
Sin embargo, no todas parecen buenas para el ex policía. La semana próxima cuando se reanude la actividad judicial, el cuerpo especial de fiscales designado para avanzar en las denominadas "causas conexas" al expediente de la AMIA. elevaran un informe del relevamiento efectuado en medio centenar de causas que se tramitan en distintos juzgados de la capital y la provincia de Buenos Aires.
En una de esas causas, surgida a partir de las escuchas telefónicas ordenadas por Galeano, los fiscales especiales solicitarán distintas medidas para avanzar en la responsabilidad de Ribelli en maniobras ilícitas que confirmarían su responsabilidad en hechos delictivos, junto con otros policías que serán juzgados por haber facilitado la camioneta Trafic que se usó como coche bomba para cometer el atentado.
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