La iniciativa del diputado Juan Carlos Vega, abogado especialista en derecho internacional, propone incorporar los términos “función pública”, “funcionario público” y “bienes” con su respectiva definición.
El proyecto eleva las penas de prisión para “el funcionario público o persona que ejerza funciones públicas” que requiera o acepte una coima. Las penas van de tres años y seis meses a doce años, por lo que dejaría de ser un delito excarcelable. Actualmente el mínimo es de un año de prisión y el máximo de seis.
También se modifican las penas de prisión, se proponen de cinco a quince años e inhabilitación especial para ejercer la función pública, para “el magistrado del Poder Judicial o el representante del Ministerio Público, que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para emitir, dictar, retardar u omitir dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos sometidos a su competencia”. Ahora la pena es de cuatro a 12 años de cárcel.
“En la Argentina de hoy la persecución penal de los actos de corrupción se hace con tipos penales `análogos` a la corrupción con todas las debilidades interpretativas que ello implica. Estos tipos punitivos definen conductas criminales `próximas` a la corrupción pero no específicas en términos de estándares internacionales”, explica Vega, que actualmente patrocina al Gobierno de Entre Ríos en la causa contra la papelera Botnia por la contaminación del Río Uruguay.
A esa situación, el diputado agrega “la creciente complejidad y sofisticación de la criminalidad económica” de lo que resulta “las enormes dificultades de la justicia argentina para combatir a la Corrupción”.
Según datos de la ONG Transparencia Internacional, la Argentina se ubica en el puesto 105 de 133 países medidos sobre percepción de corrupción.
“Por un lado los argentinos estamos ubicados – conforme estándares internacionales - entre los países con mayores índices de percepción de corrupción, y por otro lado, nuestro Código Penal Argentino carece de tipos legales punitivos precisos y específicos que criminalicen los actos de corrupción”, sostiene Vega.
El proyecto fue presentado este martes por la tarde en las oficinas que el bloque de la Coalición Cívica tiene frente al Congreso de la Nación. La iniciativa contó con el respaldo de las máximas autoridades del partido. Estuvieron Elisa Carrió, la radical Margarita Stolbizer, la peronista Patricia Bullrich y el jefe del bloque, Adrián Pérez, entre otros.