A 32 meses de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Salta, que incorporó el procedimiento sumario para los delitos leves, el fuero Correccional de la provincia completó su plantel con la incorporación de los tres juzgados de “transición” que se venían haciendo cargo exclusivamente de las causas iniciadas durante la vigencia del viejo sistema.
Se trata de los tribunales de sexta, séptima y octava nominación. Estos, desde el 1º de agosto de 2005 cumplían funciones de transición, es decir, tenían a su cargo el trámite de las causas por delitos con penas máximas menores a cinco años originadas antes de esa fecha, que es la de entrada en vigencia de la reforma del Código Procesal Penal local.
El nuevo proceso incorporó el procedimiento sumario al fuero Correccional, que implica dejar en manos de la Fiscalía la investigación de los delitos leves hasta su correspondiente pedido de elevación a juicio.
Ante esa reforma, el artículo 3 de la ley 7353 previó la creación de tres nuevos juzgados Correccionales y de Garantías, pero les otorgó competencia de transición, que culminó ayer. Durante ese lapso, los tribunales resolvieron 36.199 causas, quedando pendientes 5.220, las que seguirán tramitando de acuerdo al viejo sistema procesal.
Hay que señalar que continuarán siendo los mismos jueces que estuvieron en la etapa de transición los que queden al frente de los nuevos juzgados correccionales: María del Milagro López (sexta nominación); Carolina Sanguedolce (séptima) y Mónica Graciela Faber (octava).
A partir de este martes, estos tribunales comenzarán a recibir las nuevas causas que ingresen al fuero. En tanto que a partir del 1 de julio próximo, comenzará a funcionar una Mesa Distribuidora de Expedientes de competencia Correccional, trabajo que por el momento realiza la Secretaría de Superintendencia y de Informática.
En cuanto a la ubicación física de las nuevas dependencias judiciales, las mismas se instalarán en la Ciudad Judicial de Salta, que cuenta con salas de audiencia y pasillos de tránsito restringido que garantizan el respeto de los derechos de la víctima y el testigo.
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