Por su parte el gobierno se comprometió a brindar su apoyo para garantizar la seguridad de los jueces, y a profundizar la investigación para establecer la vinculación con estos hechos de ex funcionarios apartados del Servicio Penitenciario Federal, luego del escándalo desatado a principio de año cuando se descubrió que detenidos de distintas unidades penitenciarias salían a delinquir con el acuerdo de los penitenciarios.
El alerta rojo se desató el lunes cuando personal de la Brigada de Explosivos de la repartición detonó un paquete colocado en la puerta del despacho del secretario del juzgado de instrucción 25 a cargo de Julio Quiñones, quien investiga en la causa de los penitenciarios.
Nazareno, le habría solicitado a Santos, que presente un proyecto tentativo urgente en materia de seguridad, para desterrar las amenazas, ya que el mismo será analizado mañana martes, en el plenario del Máximo Tribunal que se reunirá en acuerdo ordinario. La Corte pretende, colocar detectores de metales y refuerzo de agentes de seguridad en los 26 edificios de todos los fueros de la justicia.
Mientras tanto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia anticipó que en las próximas horas reclamará a Nazareno que se extremen las medidas de seguridad ante la ola de actos intimidatorios, a través de un comunicado que llevará la firma de su presidente Raúl Madueño.
La visita de Santos coincidió con las que efectuaron la secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la cartera de Justicia, Patricia Bullrich, y el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, al secretario judicial Quiñónez, frente a cuyo juzgado había sido dejado el artefacto explosivo. Mathov y Bullrich, señalaron que los organismos del Estado "darán apoyo a la reforma penitenciaria" impuesta por el Gobierno.
Mathov, habló de la posibilidad de implementar medidas de seguridad dentro del Palacio de Justicia y afirmó que hay una necesidad de "garantizar que los jueces puedan ejercer sus funciones con tranquilidad sin temor a ser víctimas de atentados".
Por su lado Bullrich, aseguró que "estamos trabajando en una línea de investigación del personal del Servicio Penitenciario que fue desplazado de sus cargos en abril pasado", al referirse a la hipótesis de que quienes colocaron el explosivo en las inmediaciones del despacho de Quiñones estuvieran vinculados al Servicio Penitenciario Federal (SPF).
"Hay una decisión bien clara y no hay marcha atrás de ninguna manera" en lo que hace a los cambios llevados a cabo en el área penitenciaria, subrayó Bullrich, al tiempo que explicó que "el Servicio Penitenciario debe trabajar en la legalidad, en el respeto de los derechos humanos y en la ética de la tarea que tiene que realizar".
Por su parte, Mathov dejó en claro que todos los organismos de Estado "darán apoyo a la reforma penitenciaria" implementada meses atrás y que incluyó la remoción de varios miembros de la cúpula de ese organismo, en base a denuncias sobre las salidas de detenidos que se encontraban alojados en la cárcel de Caseros, para cometer delitos. Acerca del explosivo y a las amenazas de bomba concluyó que se trata de una muestra de la "peligrosidad de estos delincuentes" y señaló que "es necesario profundizar las investigaciones sobre quiénes son los que tienen conocimientos sobre explosivos, capacidad de manipularlos y logística para colocarlos".