“Que dada la trascendencia del tema, se necesita instrumentar un proceso de participación para que los sectores de la sociedad expresen sus opiniones, a los fines de que la persona que resulte elegida, demuestre su trayectoria, capacidad, idoneidad, independencia y compromiso de la defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad”, señala la resolución.
El Procurador Penitenciario de la Nación vela por los derechos humanos de las personas presas en cárceles federales. Depende del Poder Legislativo y su nombramiento es una facultad de la Comisión Bicamenral, tal como manda la ley 25.875. sin embargo, la comisión nunca nombró a un Procurador y el actual, Francisco Mugnolo, ocupa el cargo desde el 2000.
A pedido de varios ONGs, la Comisión dispuso que organizaciones civiles, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos y ciudadanos en general puedan presentar “observaciones, impugnaciones, preguntas, y adhesiones en relación a las calidades y meritos de los aspirantes propuestos”.
Los candidatos serán propuestos por los bloques políticos del Congreso, resolvió la Comisión. Cuando sean presentados, sus nombres serán publicados en las paginas de internet de ambas cámaras del Congreso, en el Boletín Oficial y en los dos diarios de mayor circulación del país durante 15 días antes de la fecha en la que la Comisión realice la audiencia de designación del Procurador.
El mismo mecanismo se aplicará para al Procurador Adjunto.
Hasta ahora se conoce la candidatura de la defensora oficial Silvia Martínez. Propuesta por el Frente para la Victoria, Martínez se desempeñó en la Justicia federal portela y actualmente es una de las co-titulares de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.
Fuentes parlamentarias indicaron que la candidata más segura a ocupar el cargo. Junta a ella fue propuesta como adjunta Raquel Gass. Resta conocer los candidatos de los otros bloques.