La Corte Penal Internacional será un tribunal permanente que investigará y llevará a la justicia a los individuos que cometan las violaciones más graves al derecho internacional humanitario, principalmente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuya jurisdicción es restringida a Estados, la CPI tendrá la capacidad de procesar a individuos.
La creación de ese tribunal fue aprobada sobre la base del Estatuto de Roma, un tratado signado por 120 naciones que votaron a favor, 7 en contra y 21 abstenciones, el 17 de julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional. Este logro ha sido descrito un evento de legislación internacional de proporciones históricas. Pero l Corte será establecida recién cuando sesenta estados hayan firmado y ratificado el Estatuto de Roma, un número muy elevado que constituye un gran desafío. Hasta el 7 de febrero del 2000, 94 países lo han firmado y seis lo han ratificado. Sin embargo, algunas naciones desean retrasar su establecimiento de la CPI . La CCPI y los gobiernos más progresistas están buscando lograr su entrada en vigor tan pronto como sea posible, un objetivo que no puede ser concretado sin el respaldo de la sociedad civil y de los gobiernos más comprometidos con el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.
La Coalición es una red de más de 800 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, que trabajan unidas en pos de un objetivo común: el establecimiento de la Corte Penal Internacional permanente. La Coalición tiene grupos regionales y redes en África, América Latina, Asia, Europa y América del Norte.
Los gobiernos que participaron en la Conferencia de Roma se están reuniendo en la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas por una CPI, para finalizar un número de reglas de procedimiento y prueba complementarias para la investigación y el enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Al mismo tiempo, los elementos de los crímenes están siendo fijados y eventualmente el crimen de agresión será definido.
El licenciado Eduardo González Cueva, coordinador para los países del Sur “Coalition for an International Criminal Court”, en diálogo con diariojudicial, desde Nueva York, habló acerca del sistema de apelaciones: “la cuestión de las apelaciones se resuelve en la parte 8 del estatuto, artículos. 81 al 85. La Corte tiene una Sala de Apelaciones separada de la sala de Primera Instancia donde se lleva a cabo el juicio. Evidentemente, no hay otra corte sobre la CPI, de modo que la ultima apelación posible es a la sala provista para tal efecto por, y a través de los mecanismos previstos en el Estatuto. La designación de los jueces se encuentra en la parte 4 del Estatuto, específicamente articulo 36 que indica los criterios que la asamblea de estados parte debe tomar en cuenta para designar a los jueces (representación equitativa geográfica, de genero y de sistemas judiciales).
González Cueva también se refirió sobre la negativa de Estados Unidos a ratificar el Estatuto de Roma: “Norteamérica ha expresado su oposición a una Corte que pudiera tener, aunque sea lejanamente la posibilidad de juzgar a un ciudadano americano. De hecho, esta es una posibilidad remotísima, se necesitaría que los EEUU cometieran crímenes bajo la competencia de la Corte y que su propio sistema judicial se negara a juzgarlos”.
“Los diplomáticos americanos han sugerido que el estatuto podría ser utilizado para levantar acusaciones frívolas a las que ellos serian especialmente sensibles por tener misiones militares en todo el mundo. Se les ha respondido, estatuto en mano, que existen suficientes garantías para evitar la politización de las actuaciones de la Corte”.
“Lo que es lamentable es que la inmensa mayoría de las democracias occidentales, todos los aliados de EEUU, apoyan la creación de la Corte. Solo EEUU persiste en esta posición de pedir un doble estándar: una Corte que pueda juzgar a cualquier acusado de crímenes de cualquier país del mundo, excepto si el acusado es estadounidense. Eso ha sido considerado inaceptable por la mayoría de países”.