La Corte Suprema resolvió declarar que resulta de su competencia el proceso iniciado por la Provincia de San Luis contra el Estado Nacional, en el que se interpuso demanda con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de todas las normas dictadas por este último que hayan impuesto derechos de exportación a partir del 1° de enero de 2002, además de las leyes nacionales que prorrogaron sucesivamente la emergencia pública declarada por la ley 25.561. El escrito también persigue que se condene al Estado Nacional a pagar a la provincia una suma de dinero en concepto de diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese percibido de no haberse aplicado los derechos de exportación que se pretenden impugnar. En ese mismo pronunciamiento, la Corte dispuso el traslado de la demanda para que el Estado Nacional comparezca al juicio y la conteste en el plazo de 60 días. En la demanda presentada a fines de abril, se enfatizó en que la medida que impone las retensiones móviles es “absurda” y que incentiva el “clientelismo” político. A su vez, argumentaron que el tributo afecta la coparticipación federal de impuestos y genera para la provincia una ilegítima e importante disminución de sus recursos.
Las Madres también se meten en el tema de las retenciones
La Asociación Madres de Plaza de Mayo presentó una denuncia penal contra los dirigentes ruralistas por las “acciones tendientes a desestabilizar al Gobierno Nacional”. El escrito hace mención a declaraciones periodísticas de los titulares del agro que para las Madres “exteriorizan su objetivo de retomar el viejo modelo económico de exclusión social”. La denuncia recayó en el juzgado Federal Nº 11 a cargo del juez Claudio Bonadío. Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres, pidió la detención inmediata de los líderes ruralistas que podrían estar nucleados en “asociación ilícita” con el correspondiente embargo de sus bienes patrimoniales, el cese urgente de las acciones que llevan adelante y la investigación procedente que pudiera surgir a partir de la denuncia presentada.
Queda firme la suspensión de Porreti
La Corte Suprema de Justicia desestimó la queja interpuesta por el ex Intendente de Pinamar, Roberto Martín Porreti, contra la suspensión en el cargo por noventa días que le fuera impuesta por el Concejo Deliberante de ese distrito. El ex funcionario municipal, había solicitado a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que se suspendiera la ejecución de la medida preventiva y que se levantara su suspensión como intendente de Pinamar. Ese tribunal rechazó su petición. Esto originó que la defensa de Porreti presentara un recurso extraordinario, en el que invocó como cuestión federal la violación de diversas garantías constitucionales por un pronunciamiento al que calificó de arbitrario. La Corte provincial rechazó el recurso interpuesto, dando lugar a que el sancionado presentara un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que fuera dejada sin efecto la referida suspensión. El Máximo Tribunal desestimó el pedido, con base en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Lo acusa de intimidación pública
El fiscal de instrucción Claudio Soca, pidió que se cite a declaración indagatoria a Luís D`Elía por golpear a un manifestante en Plaza de Mayo. El fiscal realizó la solicitud a la jueza de instrucción nro. 33 que lleva la causa, Ana Dieta de Herrer, acusándolo del delito de intimidación pública. El pasado 26 de mayo un grupo de activistas liderado por el piquetero oficialista, echó con golpes a otro grupo de personas que protestaban por la política oficial de las retenciones móviles para desalojarlas de Plaza de Mayo.
Piden prisión perpetua para tres acusados por la Masacre de Fátima
En el marco del juicio oral por la “Masacre de Fátima”, la querella pidió la prisión perpetua de los tres ex jefes policiales imputados en el caso. Así lo requirieron los abogados representantes del CELS, Carolina Varsky y Santiago Felgueras, contra Miguel Trimarchi, Carlos Gallone y Juan "El Francés" Lapuyole. Tras el alegato, el Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5), que juzga el caso, pasó a cuarto intermedio hasta el jueves, cuando será el turno de la acusación del fiscal Félix Crous, titular de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos. La “Masacre de Fátima” ocurrió el 20 de agosto de 1976 cuando fueron asesinadas 30 personas cuyos cadáveres fueron dinamitados en esa localidad próxima a Pilar.
Corrientes debate sobre la trata de personas
Organizado por la Subsecretaria de Derechos Humanos de Corrientes, este miércoles y jueves se llevarán a cabo las Jornadas de Capacitación y Fortalecimiento Institucional destinadas a frenar el tráfico, la trata y la explotación sexual de la infancia y la adolescencia. Se realizarán talleres de capacitación para prevenir y combatir la trata de personas, en el marco de la ley nacional aprobada semanas atrás por e Congreso Nacional para penar a quienes cometan este tipo de delitos. El encuentro se llevará a cabo en el Sindicato de Luz y Fuerza y ambos días comenzará a las 9:30 y se extenderá hasta las 18.