Las presentaciones fueron realizadas este miércoles por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el jueves pasado por la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina (AFFUN) ante el procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Las entidades se diferenciaron en los pedidos que realizaron. La AFFUN le solicitó a Righi su directa “intervención” para que “se tomen las medidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño de las funciones de los Magistrados”. En cambio la AMFJN sostuvo que en la forma que la Corte crea conveniente “se pronuncie reafirmando que las decisiones adoptadas por los señores Magistrados Nacionales y Federales en el ejercicio de su actividad jurisdiccional y dirigidas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, deben ser cumplidas inmediatamente por éstas, sin intermediación de ningún funcionario del Poder Ejecutivo Nacional”.
Las críticas son a la resolución 1084/08 que firmó el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, por la cual “los oficios judiciales o requerimientos de cualquier índole provenientes de magistrados judiciales y dirigidos a las Fuerzas de Seguridad (y Servicio Penitenciario Federal) dependientes del este ministerio, deberán ser elevados a conocimiento del suscripto (Ministro) previo a ser respondidos”.
Para los fiscales la resolución “provoca una indebida injerencia en las facultades de los Magistrados del Ministerio Público Fiscal, a la luz de las cláusulas constitucionales que le aseguran independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones, pudiendo constituir un atentado a la división de Poderes”. En la misma línea los magistrados sostienen que hay “una impertinente intromisión del Poder Administrador en la actividad del Poder Judicial”
Otra de las preocupaciones de los jueces y fiscales es el secreto de la investigación penal en el marco de la cual se realiza un pedido a las fuerzas de seguridad. “No se explica la necesidad de conocer el contenido de requerimientos, en investigaciones que podrían estar en secreto, o que podrían implicar a funcionarios públicos”, sostuvo la AFFUN.
Para la AMFJN la investigación de un juez “exige, las más de las veces, premura, profesionalidad y reserva en el fiel cumplimiento de las mandas judiciales por quiénes se reitera, no son más ni menos que auxiliares de la justicia”. La Asociación de Magistrados explicó que recibiendo “de parte de gran número de jueces, especialmente del fuero penal, advertencias y críticas” sobre la ministerial.
Por otra parte, los magistrados advirtieron que la medida implica también “un retraso en el debido cumplimiento de los requerimientos judiciales cuya observación, por parte de la Policía Federal y de las otras fuerzas de seguridad, en el campo propio de sus respectivas competencias resulta una obligación legal”.
Los fiscales también advirtieron que los oficios judiciales no deben ser conocidos “con anterioridad por las autoridades del Poder Ejecutivo, sin olvidar, además, que colocarían a los miembros de las Fuerzas frente a un conflicto de deberes que no se justifica”.
Sin embargo no sólo de la Justicia se escucharon críticas, sino que también del propio oficialismo. La vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación y diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, le dijo a Diariojudicial.com la semana pasada que la resolución era “inconveniente” y destacó que “generó una reacción adversa en el Poder Judicial”.
“Como está escrita parecería que quiere saber la actuación de las fuerzas de seguridad cuando estás deben responder a los jueces y no al ministro”, opinó Conti.