El foco de la iniciativa está puesto en la situación de riesgo en la que se encuentran tanto los campesinos como los grupos indígenas que son los más agredidos por sus diferencias étnicas.
La propuesta que espera ser convertida en ley, fue elaborada por legisladores de la agrupación Movimiento Sin Miedo y un grupo especial de trabajo que atiende Asuntos Indígenas, junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La iniciativa contempla también una serie de sanciones para quienes cometan discriminación.
"Ningún ciudadano o colectivo podrá ser discriminado, maltratado, sometido a violencia física o psicológica por razones de origen, raza, cultura, género, opción política e ideológica, credo, capacidad física o presencia sexual", afirma el texto.
Entre los hechos que demuestran la urgencia para sancionar esta ley, está el ocurrido el pasado 24 de mayo en Sucre con un grupo de labriegos. Durante la conmemoración del 199 aniversario del Grito Libertario de América, unos 30 campesinos fueron agredidos por grupos que los obligaron a desnudarse y corear consignas en contra de la actual gobernación. Las relaciones de servidumbre a las que son sometidas familias indígenas, como el caso de las guaraníes, es otra de las situaciones de vulnerabilidad que son visibles en Bolivia.
Por su parte, México aprobó la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 2003, aunque la norma está destinada hacia la temática de género. Esta ley establece “la igualdad real de oportunidades” como otro aspecto pasible de provocar discriminación. La norma creó además el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno propuso incluir a gays, lesbianas, travestis y transexuales en el proyecto de ley anti discriminación que se debate en aquel Parlamento.
En nuestro país, ambas cámaras debaten la modificación de la Ley 23.592 de Actos discriminatorios. En Diputados se encuentra la iniciativa de la Coalición Cívica que presenta, hasta el momento, el mayor avance. La Comisión de Derechos humanos y Garantías ya emitió un predictamen que lo remitió a Legislación Penal. La inclusión de nuevas categorías como la condición civil y condición sexual, entre otras, y la elevación de penas por discriminación, son los puntos que proponen en común los diferentes proyectos.