El ingeniero promovió un proyecto de ley con la idea de crear un Registro de Personas Jurídicas a nivel local, aunque rápidamente los legisladores pusieron en el tapete las incompatibilidades de la propuesta con el funcionamiento actual de la Inspección General de Justicia de la Nación.
A raíz de ello, la bancada macrista tuvo que modificar la iniciativa original y desde la Comisión de Asuntos Constitucionales salió un dictamen mayoritario que aprueba la puesta en funcionamiento del registro pero que sólo obligaría a inscribirse a las asociaciones civiles (clubes y asociaciones barriales), quedando fuera las sociedades comerciales y las fundaciones.
No obstante, sigue sin garantías la propuesta porque en el tratamiento preliminar, la oposición emitió un dictamen por el archivo del proyecto, mientras que cuando el tema llegue al pleno del recinto (lo que ocurriría en unos quince días, luego de que lo trate la Comisión de Presupuesto), el oficialismo deberá lograr el voto afirmativo de al menos 31 legisladores, algo que por mayoría propia no pueden conseguir.
Por su parte, la diputada Silvia La Ruffa, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se refirió al intento de Macri señalando que “es antijurídico y genera
inseguridad jurídica”. Destacó que de haber prosperado el proyecto original, la AFIP no lo hubiera reconocido. “Es una prepoteada del Gobierno de la Ciudad contra el Gobierno Nacional”, expresó La Ruffa, que pidió que se respeten los pasos necesarios para seguir avanzando en la autonomía porteña.
La propuesta del Ejecutivo era que el registro funcione en el ámbito del Ministerio de Justicia local y que se encargue de la inscripción de la matrícula de los comerciantes y auxiliares de comercio, de los contratos de sociedades comerciales y que lleve el registro de sociedades por acciones, sociedades extranjeras, de las asociaciones y de las fundaciones.
En tanto que preveía que una vez puesto en funcionamiento, las personas jurídicas alcanzadas por el proyecto y actualmente inscriptas en la IGJ de la Nación, debían reinscribirse en el nuevo registro local dentro del plazo de un año.
Para fundamentar la iniciativa, Macri sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires cuenta con facultades suficientes como para sancionar el presente proyecto de ley”. Citó el artículo 129 de la Constitución Nacional que equipara a la Ciudad a un “estado”, respecto a su autonomía, por lo que puede ejercer poder de policía.
Además, en esa misma línea, señaló que la Constitución porteña, en su artículo 80, inciso 25º, atribuye a la Legislatura local la facultad de regular la organización y funcionamiento del "Registro de Personas Jurídicas de la Ciudad".