Tras un balance positivo de su aplicación en la localidad de Guaymallén, la Justicia de Mendoza comenzó este lunes a aplicar en el departamento judicial de la ciudad capital los denominados “juicios express” para aquellos que son detenidos “in fraganti delito”.
La extensión del plan piloto estará a cargo, en sus respectivos turnos, de la Fiscalía de Instrucción Nº 19, cuya titular es Liliana Curri, en conjunto con los titulares de los juzgados de Garantía Primero, Cuarto y Quinto.
Eso será temporario, ya que la Justicia provincial ha anunciado poner en funcionamiento el fuero de Flagrancia, para lo que este año llamará a concurso para cubrir el cargo de cuatro fiscales y tres jueces de Garantías, que tendrán competencia en todos los casos de delitos detectados in fraganti en el Gran Mendoza y Lavalle.
Los juicios express proceden cuando una persona es detenida por la Policía en el momento de cometer un delito. La escala penal prevista en el código debe oscilar entre los 3 y los 15 años, mientras que su tramitación tienen la ventaja de no contar con expedientes en papel, sino que las actuaciones se registran en copias en CD y DVD.
Hasta el momento, el plan piloto de procesos de flagrancia vino funcionando en Guaymallén, a través de Fiscalía de Instrucción N° 11. Allí, los juicios express comenzaron a aplicarse en agosto de 2007 y en los diez meses de vida que tienen los números arrojados son alentadores: se aplicó en 62 casos y el tiempo promedio de resolución -entre la aprehensión del imputado y la resolución de la causa-, fue de 3,88 días.
Además, el informe de la primera etapa de utilización de esta modalidad de juicios de flagrancia indica que hubo 89 imputados (10 de ellos menores de edad), se alcanzaron 36 condenas (13 de de prisión efectiva) y sólo en 11 casos fue rechazada la petición de declaración de flagrancia, pasando la causa a la etapa de instrucción tradicional.
El juicio express fue incorporado al Código Procesal Penal de la Provincia a través de la ley 7.962, a partir de un proyecto impulsado por la Corte mendocina y elaborado por el juez de garantías Manuel Videla y el fiscal Alejandro Iturbide, ambos a cargo de llevar a la práctica la prueba piloto en Guaymallén.
En cuanto al procedimiento, una vez declarado el caso como de flagrancia, la norma prevé la realización de una primera audiencia en la que el imputado puede elegir entre los institutos de: suspensión del Juicio a Prueba, Juicio Abreviado Inicial, o el Procedimiento Directísimo. Si opta por este último, se fija una segunda audiencia dando lugar allí al juicio express propiamente dicho.
En el debate, el fiscal de instrucción debe formular la acusación oralmente y luego el imputado tendrá la palabra para ratificar o rectificar conforme su primera declaración, y finalmente se presentarán las pruebas. Tras ello, se producirán los alegatos y finalmente el juez de Garantías debe dictar sentencia.
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