La denuncia fue formulada por la Oficina Anticorrupción, a partir de una presentación que ante ese organismo efectuó la Procuración del Tesoro, y apunta a que se investiguen las presuntas responsabilidades de los funcionario de Defensa por la presunta comisión de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta".
Si bien la presentación no hace mención directa a Romero, sí esta apuntada a la responsabilidad de los funcionarios a cargo de la cartera de Defensa cuando, en 1990 el ministerio estaba a su cargo, y se firmó el acuerdo por el pago de la deuda por la comercialización fallida de los tanques.
La denuncia recayó en el juzgado de Bagnasco quien en las próximas horas la elevará a los fiscales federales Paul Starc y Guillermo Montenegro, quienes deberán dictaminar si corresponde proseguir con la causa penal.
La venta de los tanques a Irán se inició en 1983, cuando ese país se encontraba en guerra con Irak, pero la firma TAMSE (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado) y el Estado Nacional no pudieron cumplir con la entrega.
A raíz del estado beligerante la operación se efectuó mediante una maniobra de "triangulación", para la cual se utilizaron las empresas Matmetal, de Argentina y Agrometal de Panamá, así como también Medeas Overseas Corp, en Londres.
A Matmetal se encontraba vinculado el teniente coronel (R) Diego Palleros, actualmente prófugo de la Justicia Argentina y refugiado en Sudáfrica.
Con Agrometal, en 1990, Romero acordó el pago de 15 millones de dólares en tres cuotas, pero ese convenio quedó sin efecto en 1993. La firma requirió el 19 de abril de 1994 a la Justicia panameña la aprobación de la transacción extrajudicial 910 y su ejecución por falta de cumplimiento.
El 13 de octubre de 1998, el Banco de la Nación Argentina informó que por medio de su sucursal en Panamá, se tomó conocimiento de un inminente embargo de 23.253.920 dólares, sobre los fondos que posee el Estado Argentino en esa sucursal.
En ese sentido, la Oficina Anticorrupción recibió a través del Procurador del tesoro, Ernesto Marcer, una presentación solicitando que se impulsen las investigaciones respecto de los actos realizados y que se efectúen, si corresponde, las denuncias pertinentes.