La apertura de varios frentes en torno al hecho no concuerda con el perfil que el gobierno nacional pretendía imprimirle al caso, ya que a la previsible negativa del militar retirado --quien además es abogado defensor del expulsado general Guillermo Suarez Mason-- se sumó la presentación de dos abogados españoles que solicitaron al juez Garzón que envié una comisión a Roma para interrogar en Italia a Olivera, por que consideran responsable de un grupo de tareas que "secuestró, torturó e hizo desaparecer gran cantidad de personas" durante la dictadura argentina, una situación que tiene puntos en común con lo ocurrido con el ex dictador chileno Augusto Pinochet, cuando fue detenido en Londres.
En Buenos Aires, el hijo de Olivera, el abogado Javier Pablo Olivera Ravasi, denunció al gobierno de Italia ante la Corte Suprema de Justicia por "privación ilegal de la libertad", reivindicando el "principio de territorialidad", al sostener que "los hechos que se le imputan habrían sido consumados en territorio argentino y en perjuicio de una ciudadana argentina", en alusión al secuestro y desaparición de la joven de origen francés Marie Anne Erize Tisseau. Olivera hijo sostuvo que en base a ese principio "los tribunales argentinos tienen única y exclusiva potestad de juzgar delitos cometidos dentro del territorio nacional".
En tal sentido, denunció una "insólita y pretendida injerencia jurisdiccional lesiva a los intereses soberanos argentinos" por parte de Italia y Francia, y advirtió que se "está incurriendo en un claro exceso de jurisdicción internacional".
En España los abogados Guillermo Varela y Susana García, reconocidos como "acusación particular" en la causa que instruye Garzón por los crímenes de la dictadura reclamaron el envió a Italia de una comisión para interrogar a Olivera, quien fue detenido el domingo ultimo en el aeropuerto de Fiumichino, y que permanece detenido en el antiguo penal pontificio de Regina Coeli.
Los letrados entienden que Olivera es el "responsable de un grupo de tareas que formaba parte del plan sistemático de terrorismo, genocidio y torturas" ocurridos durante el régimen, y que son investigados por Garzón, en una causa por la que se pretende la extradición de casi un centenar de ex oficiales argentinos, para su juzgamiento en España.
Mientras tanto, Olivera --tal como se preveía-- negó hoy ante la Corte de Apelaciones de Roma, la posibilidad de ser extraditado a Francia, que lo reclama por la desaparición y muerte de Marie Anne Erize Tisseau, secuestrada el 15 de octubre de 1976, en San Juan, cuando el militar se desempeñaba en el Regimiento de Infantería de Montaña, y que fue denunciado por haber integrado un grupo de tareas que funcionó en esa unidad.
Olivera rechazó su extradición a Francia y reiteró su inocencia, por lo que ahora ese país deberá iniciar los trámites formales de extradición que podrían demandar unos tres meses. En caso de ser concedida, Olivera podría enfrentar una pena de prisión perpetua.
Asimismo, el militar retirado solicitó conocer con exactitud los cargos por los cuales los requiere Francia.
La abogada patrocinante de los familiares de los ciudadanos franceses desaparecidos en la Argentina, Sophie Torron, confirmó que en su denuncia efectuada en noviembre, también se encuentran involucrados otros militares, que podría tratarse de Eduardo Vic y Eduardo Cardozo.
La letrada, en declaraciones radiales sostuvo que Olivera podría enfrentar una pena similar a la recibida por Alfredo Astiz, quien fue condenado en ausencia a "prisión perpetua".