El Consejo, presidido por el fiscal General de San Juan, Eduardo Quattropani, le exigió al resto de los poderes provinciales recuperar la “sensatez, la ponderación de juicios, el apego a la institucionalidad” y apuntó contra el Superior Tribunal de Justicia de Chubut para llevar adelante esa misión.
Samamé fue destituido el 20 de agosto por la Legislatura provincial por cuatro causales de mal desempeño de sus funciones. Fue apartado por ejercer la superintendencia de la Procuración de manera arbitraria; no fijar una política general y criminal del Ministerio Público Fiscal y los criterios para el ejercicio de la persecución penal; negar arbitraria e infundadamente licencias ordinarias y extraordinarias a empleados directos y a los fiscales jefes; y omitir la supervisión de la tarea de los miembros del Ministerio Público Fiscal, el desarrollo de investigaciones y el resultado de las gestiones de los fiscales de cada circunscripción.
El ex procurador sostuvo que detrás del juicio estuvo el gobernador Mario Das Neves. “Acá el que decide en general en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, con los 21 votos que tiene, es el gobernador de la provincia de Chubut”, dijo Samamé, y agregó que su destitución “es un avance sobre la independencia del ministerio Público Fiscal y además es una advertencia durísima la resto de los integrantes del Poder Judicial”.
La destitución de Samamé fue más allá y produjo un frente abierto entre la Justicia y el poder político. Un diputado declaró que los fiscales “van a tener que poner las barbas en remojo” y apuntó contra los representantes del Ministerio Público que declararon en el juicio que se le realizó al ex Procurador General. Luego de eso, la jefa de los fiscales de Comodoro Rivadavia, Adriana Ibáñez, fue amenazada.
“Que toda esta situación, queda claro, se desencadena a partir de un proceso de Juicio Político que tal se verificara desde su inicio y se exteriorizara, ya si duda alguna luego de su conclusión, reconocía solo la voluntad política de destituir al titular del Ministerio Público y condicionar a los restantes miembros que lo integran”, sostuvo el Consejo de Procuradores en una declaración del pasado 24 de septiembre luego de una asamblea extraordinaria en Capital Federal.
Para la entidad, el juicio político permitió “el desencadenamiento de hechos posteriores con entidad suficiente para afirmar que la administración de justicia y/o la independencia del Ministerio Público en esa jurisdicción no está, en modo alguno, asegurada”.
El Consejo ordenó hacer un seguimiento de hechos similares que ocurran en otras provincias del país y agregó que “el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut tiene una y única opción, hacer respetar la independencia del Poder Judicial, marcarle a los otros Poderes del Estado los límites que la Constitución impone, lo contrario y/o su silencio constituirá la omisión de su mas elemental función y razón de ser”.
“Que el daño, el gravísimo daño al Poder Judicial de la Provincia de Chubut ya está hecho, y no pueda peticionarse a quienes lo causaron vuelvan sobre sus pasos, pero de igual modo resulta imperioso, imprescindible, constituyendo un imperativo constitucional y republicano exigir de los Poderes del Estado de la Provincia de Chubut recuperen la sensatez, la ponderación de juicios, el apego a la institucionalidad, petición que para la cabeza del Poder Judicial de Chubut, el Superior Tribunal de Justicia, se deviene en exigencia propia de sus funciones”, concluyó el Consejo.