Los legisladores porteños Oscar Zago y Martín Ocampo, integrantes de la bancada del PRO, presentaron un proyecto con el fin de que se “reglamente el ejercicio del derecho de manifestarse en el ámbito de la Ciudad”.
“La vida en democracia no puede estar sustentada en permanentes manifestaciones de rebelión pública a expensas del espacio público, una de las manifestaciones tangibles del bien común. De lo que se trata entonces, es de una convivencia razonable con los otros que en el caso de nuestra Ciudad son nada más ni nada menos que nuestros vecinos”, sostiene entre sus fundamentos el proyecto.
Los legisladores invocaron el derecho de las personas de “peticionar a las autoridades y a manifestarse en señal de protesta está contemplado en la Constitución Nacional”, y en ese sentido citaron el artículo 14, el cual establece: "Los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita,; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, pertenecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y de disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender".
En el proyecto remarcaron que desde comienzos de este año, en la Capital Federal se registró un promedio de seis manifestaciones por día, “cuyo pináculo fue en oportunidad que la UOCRA llevó adelante más de treinta cortes en distintos puntos de la ciudad”.
“Los distintos cortes han afectado el turismo, hecho perder cientos de millones de pesos en descuentos sobre los salarios de los trabajadores que no pueden ser beneficiados con el premio por presentismo, entorpecen la circulación de ambulancias y alargan los tiempos en los trayectos de los vehículos de transporte, tanto públicos como privados”, algunos de los fundamentos citados con el objeto de sancionar una Ley.
Según expresaron, intentan “buscar un equilibrio” entre el derecho a manifestarse y el de libre circulación. Se “busca garantizar la paz social, el orden interno, la libre manifestación y sustancialmente el respeto a los derechos que tiene el ciudadano común, que han sido consagrados en la Constitución de la Ciudad”, añade el texto.
El proyecto de Ley, será discutido en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña.
Las manifestaciones y cortes de calles en la vía pública es eje de debate desde hace varios años en el ámbito de la Capital Federal, y si bien el jefe de Gobierno local Mauricio Macri fijó que previo a cada protesta se debe pedir “permiso” a las autoridades, son pocos los que lo cumplen.
En los últimos casos de ocupación del espacio público, casi nunca se solicitó permiso a la administración local, y así fue como muchas veces actuó la justicia contravencional o bien la policía.
Sin ir más lejos, durante el transcurso de la semana, docentes que intentaron instalar una carpa frente a la jefatura de gobierno en reclamo de mejoras salariales, fueron corridos por el operativo policial. Aunque luego el juez en lo contencioso administrativo Roberto Gallardo autorizó la colocación de la carpa, con el fundamento que de no hacer lugar al reclamo “no haría sino exacerbar los ánimos”.
Otra experiencia reciente, fue el juicio seguido a diez trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acusados de realizar varios cortes sobre la avenida General Paz a la altura de Constituyentes. Si bien el fiscal de juicio Norberto Brotto había pedido que sean condenados a realizar 15 días de trabajo comunitario, finalmente la jueza contravencional María Cristina Nazar terminó por absolver a los imputados, quienes están aglutinados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).