“Que es imprescindible que el Poder Administrador se ocupe de la prevención, en tanto los órganos de la Administración de Justicia de la investigación y juzgamiento del delito, lo que más que una mera noción de orden de las funciones del Estado, involucra aspectos fundamentales que hacen a la existencia misma de la República ”, afirmó el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
La entidad se reunió la semana pasada en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba, durante las XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina donde se pronunció de diversos temas.
El Consejo calificó de “imperioso” el reclamo de la derogación de la ley 22.278 de minoridad por considerar inconstitucionales dos de sus aspectos: “En lo penal: aplicando diferido derecho penal de adultos, imponiendo incluso, penas privativas de libertad perpetua y en lo encubierto: bajo la denominación de tutelar, aplicando medidas coactivas sin garantía alguna, recurso propio del derogado patronato”, afirmó.
En su lugar, la entidad pidió un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, “cumpliendo así el Estado Nacional con su obligación de adecuar la legislación interna al Derecho Internacional de los DDHH de niñez y adolescencia”.
“Que esa problemática exige la implementación de Políticas de Estado con objetivos de corto, mediano y largo plazo, alejadas de medidas circunstanciales o de oportunidad que periódicamente renuevan la frustración de ciudadanos y operadores del sistema”, agregaron los fiscales y defensores.
En materia penal, el Consejo también abogó por la implementación en todo el país del sistema acusatorio, al que calificó como “el único que satisface las exigencias surgidas de la Constitución Nacional para el enjuiciamiento penal”. “Para ello se deberá requerir de los restantes Poderes del Estado destinen los fondos necesarios para poder contar con infraestructura y recursos humanos suficientes”, advirtió la entidad.
En ese marco, el Consejo consideró como “condición básica” que en todas las jurisdicciones del país los fiscales tengan en su poder la investigación de los delitos y una Policía Judicial que les responda. Al respecto, la entidad no negó “la conocida y previsible resistencia que puede existir en tanto la mentada transferencia se enfoque como una resignación de espacio de poder”.
El encuentro del Consejo, presidido por el fiscal general de San Juan, Eduardo Quattropani, reunió a 26 representantes generales de los ministerios públicos fiscal y de la defensa.