El objetivo del proyecto es “regular el procedimiento aplicable a los recursos constitucionales de protección del legítimo ejercicio de las garantías fundamentales, y los especiales que se crean para asegurar derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”, según informó la oficina de prensa de la Cámara de Diputados.
“Se establece que las normas de esta ley serán aplicables por los tribunales ordinarios cuando la conducta agraviante del legítimo ejercicio de un derecho fundamental provenga de autoridades o de funcionarios del Estado, o de particulares”, fija la iniciativa.
Así quedarán protegidos el derecho a no ser objeto de exilio sino no hay una sentencia firme de un tribunal competente; el derecho de un extranjero a no ser expulsado a un país cuyo gobierno lo persigue, cuando su vida esté en riesgo o exista el peligro que sea sometido a tortura o tratos inhumanos.
Por otra parte, toda persona que sufra la afectación de derechos por actos u omisiones ilegales o arbitrarias podrá llevar su caso hasta la Corte de Apelaciones. “También procederá el recurso de protección cuando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal, imputable a una autoridad o persona determinada”, completa el proyecto.