Esos hechos “derivan de modo directo e inmediato de acciones u omisiones discernibles en la esfera de sus atribuciones, deberes y responsabilidades”, dijeron los jueces del Máximo Tribunal al Gobierno bonaerense.
La comunicación surgió a partir de reclamos de jueces de menores de los departamentos judiciales de Quilmes, Morón, San Martín, Mar del Plata y Trenque Lauquen frente a la falta de recursos y las decisiones que toma el Gobierno de ordenar traslados de menores que no son comunicados a los magistrados a cargos de las causas.
“Recordar que es competencia exclusiva del Poder Judicial la adopción, modificación o extinción de las medidas de coerción personal previstas en materia de responsabilidad penal juvenil”, sostuvo la Suprema Corte.
En el análisis de la situación de los menores, el Máximo Tribunal sostuvo que no existen en los centros de permanencia la cantidad de lugares suficientes para albergar a los chicos lo que permite que permanezcan en móviles de traslado en forma extensa e injustificada; tampoco hay vacantes en comunidades terapéuticas para jóvenes drogodependientes con causas penales; y resaltaron la falta de centros y lugares de permanencia transitoria.
En ese marco, el tribunal le requirió al Gobierno “arbitrar en forma inmediata las medidas conducentes a subsanar las situaciones” denunciadas.
Pero la Suprema Corte fue más y apuntó al fuero de responsabilidad penal juvenil. Se trata de un sistema para juzgamiento de menores que se fue implementando en etapas pero por la falta de recursos del Gobierno no se pudo aplicar en todos los districtos donde estaba previsto. “Que ante la proximidad del vencimiento del plazo legal para la puesta en marcha total del fuero de la responsabilidad penal juvenil, toda demora en implementar los medios de participación activa que corresponden al Poder Ejecutivo de la Provincia, puede poner en riesgo el debido resguardo a las personas y bienes que le han sido confiados”, sostuvo el Máximo Tribunal.
Trenque Lauquen fue uno de los departamentos judiciales donde no se inició el fuero juvenil. A fines de octubre, la Suprema Corte volvió a criticar al Gobierno por la situación de menores. Fue a raíz de una denuncia del Tribunal Oral de Menores Nº 1 de Trenque Lauquen ante la falta de recursos y de comunicación frente a la situación de dos jóvenes que no fueron trasladados a declarar en la fecha prevista y de quienes no se sabía su lugar y estado de detención.
“Las sucesivas omisiones por parte de la autoridad administrativa en orden a la provisión de recursos idóneos tendientes a resguardar la integridad física y espiritual de los menores, colocaron a los mismos en un estado de indefensión y desamparo, que no se condice con las garantías que, conforme al paradigma del Estado de Derecho, propone nuestra organización constitucional”, dijo la Suprema Corte en esa oportunidad.
También contra la baja de la edad de imputabilidad
La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, presidida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal federal de Bahía Blanca Hugo Cañón, criticaron el proyecto para bajar la edad de imputabilidad y propusieron una serie de medidas.
“Juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito. Sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños”, expresó el Comité a través de un comunicado.
La entidad puso de resalto dos leyes que calificaron de “idónea”: la 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y la 13. 634 del fuero de responsabilidad penal juvenil. “Sin embargo, las asignaciones presupuestarias previstas para su puesta en marcha han sido insuficientes y su implementación ha quedado a mitad de camino”, criticó en consonancia con la Suprema Corte,
La Comisión le pidió a los tres poderes del Estado provincial: poner en marcha los órganos previstos por la ley 13.298 (consejos locales, el defensor de los derechos del niño y el observatorio social), fortalecer la implementación del Fuero Penal Juvenil; y que se terminen las detenciones de niños en comisarías, las demoras por averiguación de identidad y torturas u otros tratos o penas crueles.