Al respecto, el ministro de Trabajo de ese país, Jorge Villasante, señaló que la decisión de iniciar acciones judiciales, se tomó luego de que se rechazara la propuesta que se recibió por parte de la famosa universidad de retener esas piezas.
Con relación a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo extrajudicial con la institución, mencionó que la Comisión de Alto Nivel ya agotó la etapa de trato directo, “pero el hecho que se demande no corta ni cierra la posibilidad de un acuerdo.”
En virtud de ello, destacó que se ha considerado que la autoridad competente es el Poder Judicial del Cuzco, y que por el momento, está pendiente que el Ministerio de Justicia pueda designar el procurador público que se hará cargo de la defensa del Estado en ese proceso. Alegó que el funcionario designado, será el encargado de evaluar los antecedentes y plantear la estrategia correspondiente.
Estimó además, que el nombramiento de dicho procurador ocurrirá en los próximos días y, a partir de allí, todas las autoridades que tengan información pertinente al tema deberán proporcionársela. También comentó que es legalmente factible que Yale acate una sentencia emitida en un tribunal peruano, debido a que existe la posibilidad de ejecutar esta sentencia en un país extranjero.
Sobre el tema, aclaró que “a través de estos mecanismos se debería ejecutar la sentencia, aunque es probable que la universidad de Yale plantee algún recurso de defensa como una excepción, o que cuestione la competencia de los jueces peruanos.“
La universidad por su parte, rechaza este planteo al entender que no deben devolverse las piezas porque “la excavación hecha por el investigador fue legal”, y continúa pensando que se puede alcanzar un acuerdo que cumpla con los requisitos de ambas partes y el interés público respecto a la conservación, accesibilidad, seguridad y disponibilidad para el estudio académico de la colección.
En contraposición a esto, Perú afirma que los objetos fueron otorgados a Yale en calidad de préstamo por un plazo de 18 meses, y que ya han pasado cien años desde su vencimiento, y que hasta el momento no se ha podido traer ninguna de estas piezas a su lugar de origen.
Este conflicto tuvo su punto de inflexión, cuando en el 2006, la universidad ofreció devolver a Perú sólo 384 piezas en un plazo de dos años, con el propósito de exhibirlas en el museo, que deberá construirse en la ciudad de Cuzco bajo especificaciones dictadas por la institución estadounidense.
Esto llevó a que en abril de 2008, el equipo del Instituto Nacional de Cultura de Perú informó de la existencia de 46.332 piezas en Yale, tras lo cual el Gobierno anunció su decisión de reclamar su devolución inmediata.
Posteriormente a ese evento, organizaciones representativas del Machu Picchu organizaron manifestaciones afirmando que por derecho, exigen que les sean devueltos a su poder el patrimonio cultural llevado con “fines de investigación”, y que nunca había sido restituido.
En 1823 se determinó en ese país que esas piezas al igual que el resto, son de propiedad del Estado, por ende el reclamo para recuperarlas es de carácter imprescriptible. Países como Perú, Grecia y Egipto han demandado a museos de todo el mundo para que les reintegren sus antiguos tesoros.