La acción judicial fue iniciada por la Administración de Parques Nacionales, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley nacional Nº 22.351 que solicitó al Máximo Tribunal una “acción declarativa de certeza” contra Misiones.
La ley provincial Nº 4467, promulgada en noviembre de este año, creó el Parque Provincial Río Iguazú sobre “un establecimiento de utilidad nacional” como es el Parque Nacional Iguazú –donde se encuentran las Cataratas- que está sometido a jurisdicción del Estado nacional.
La creación de la cuestionada ley provincial estuvo a cargo del ex gobernador y actual presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, que al final de su mandato vio frustrada su intención de instalar un globo aerostático al pie de las cascadas debido a la oposición de Parques Nacionales.
Por tratarse de un litigio de una provincia contra un organismo del Estado, la Corte actuó según su competencia originaria. Además, dictó una medida cautelar de “no innovar” y ordenó la suspensión de los efectos de la ley de Misiones, “así también como todo acto administrativo comprendido dentro del Parque Nacional Iguazú”.
A partir de lo dictado por la Corte, el Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo deberá a retirar del río Iguazú a los biólogos y guardaparques que comenzaron el pasado 20 de diciembre a relevar el curso de agua y las islas.
Ahora lo ministros del Máximo Tribunal dispondrán de un plazo de 60 día para analizar los fundamentos que presenten Parques Nacionales y el Estado misionero. En ese momento, podrán establecer quién tiene jurisdicción sobre las aguas del río Iguazú, en la zona del parque nacional homónimo.