Las legisladoras consideraron “de suma gravedad la última campaña publicitaria del desodorante, que realiza consuetudinariamente publicidades discriminatorias hacia las mujeres, en las que se promueve que la mujer sea retratada únicamente como un objeto del deseo sexual del hombre, quien debe ejercer contra ella la violencia física como técnica de sometimiento”.
“Esto es evidente por incluir en su campaña publicitaria un videojuego cuyo único fin es sumar puntos por golpear con un garrote a las mujeres, mientras que por golpear a un hombre, el participante es multado con la pérdida de puntos”, denunciaron. La denuncia de las legisladoras, que dio origen a la causa 14.496/09 ingresó ayer y tramita ante el juzgado de Instrucción 19 Secretaria 19. De todas, la empresa retiró el juego, que se titulaba “garrotazo de amor” de su sitio web.
Las legisladores pidieron que se investigue a la empresa Unilever por “instigación a la comisión de un delito, incitación a la violencia colectiva y apología del delito”. Según las diputadas nacionales, la publicidad de Axe esta violando la flamante ley de Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género sancionada hace un mes atrás por el Congreso. La norma establece las distintas formas que puede tomar la agresión contra las mujeres, entre ellas, la “violencia mediática”.
Además de la denuncia penal, la campaña también generó reclamos ante el Observatorio de la Discriminación, una entidad que congrega a varios organismos públicos que revisan contenidos presuntamente discriminatorios en los medios de comunicación.
Asimismo, el INADI le había pedido a la empresa que retirara el juego de Internet, cosa que hizo. “La campaña es sexista y discriminadora. No es la primera vez que se le llama la atención a la compañía por campañas publicitarias del mismo desodorante”, señaló María José Lubertino, titular del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo.
Por su parte, Unilever hizo su descargo a través de un comunicado: “la acción apela a los recursos tradicionales de la publicidad, como son el humor, la exageración, la animación, las situaciones irreales... La campaña se ha vinculado con significados que exceden absolutamente su propósito y objetivos”, explicó.
La presentación contra Clarín es por una nota publicada por el matutino el domingo 5 de abril en el suplemento Zona, que se tituló “La fábrica de hijos: conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado”.
Las diputadas oficialistas aseguraron que “resulta llamativo que se asimile a una mujer como una ‘fábrica de hijos’, lo que demuestra un total menosprecio de la condición femenina”. “La ofensa se acentúa –enfatizaron- cuando se presume que las mujeres sólo tienen hijos con fines económicos, negándoles toda capacidad respecto de sus decisiones y deseos. La única mujer beneficiaria del subsidio que fue entrevistada es tratada peyorativamente, lo que intenta proyectar una imagen irresponsable hacia todas las mujeres”.
Las diputadas Diana Conti y Juliana Di Tullio presentaron una acción de amparo que quedó radicada en el juzgado civil número 20 a cargo de la jueza Ana Inés Sotomayor y tiene como objetivo “hacer cesar y reparar las consecuencias perjudiciales devenidas desde la publicación“. En su presentación solicitaron que ”se considere este acto altamente violatorio a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y se determine la urgente retractación publica por parte del medio grafico nacional en día de igual tirada que la nota en cuestión además de asumir las costas de especialistas en temas de derechos humanos para que instruyan de la gravedad del asunto y clarifiquen el panorama a la sociedad toda y en particular a la comunidad en la cual viven estas mujeres utilizadas para recrear una falacia alrededor del género femenino y detrimento de la familia”.
Para las legisladoras, la nota de Clarín “Crea la falsa opinión de que las mujeres pertenecientes a sectores de bajos recursos no tienen el derecho a planificar sus familias como les plazca, derecho reconocido y acogido por nuestra legislación interna a través de la ley de procreación responsable. Asimismo los efectos dañinos se reflejan sobre los niños a quienes se los trata como si fueran ‘cosa’ y que vienen al mundo con el único fin de significar un sustento económico para su madre”.
También destacan que: “La violencia mediática que sufren las mujeres en su propio entorno social genera un daño que se mantiene mientras esta información aun permanezca disponible para ser leída y tomada por terceros a través del sitio de Internet del que dispone Clarín; lo cual también se proyecta por medio de otros medios de la comunidad y es asimilado como verdadero por la sociedad toda.“
Por otra parte, la nota de Clarín también mereció el reproche de la diputada nacional Adela Segarra en conjunto con Paula Lambertini, representante del Movimiento Mujeres Evita, que realizaron una denuncia frente al Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Según la denuncia “el título de la nota reproduce dos tipos de discriminación a razón de pobreza y a razón de género”. “La cosificación de las mujeres entendidas como "fábricas" sin conciencia sobre sus actos, sin capacidad de ejercer derechos y responsabilidades y "obligadas" por el Estado, porque viven en situación de exclusión, a concebir hijos para recibir subsidios”.
En nota cuestionada se habla acerca de algunos casos puntuales suscitados en la localidad de La Paz, Entre Ríos y se muestra el progreso, según estadísticas brindadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de las madres que reciben el subsidio.
Para las denunciantes “el lector no podrá sacar otra conclusión que no sea: todas estas mujeres tienen todos esos hijos únicamente para cobrar toda esa plata del Estado (que según otro de los argumentos periodísticos), suman “173.700.000 pesos al año, algo así como la recaudación completa de 40 partidos de la Selección de Maradona en el Monumental”. Este nuevo truco retórico genera una sensación entre lo risueño y siniestro de los hechos”.
Por otra parte, ante la denuncia por el aumento en la cantidad de beneficiarios, se alude que al difundirse e implementarse las políticas de Estado se “generan mayores niveles de demanda” por lo que “plantear que las mujeres se embarazan para tener más de siete hijos con el objetivo de recibir una pensión es desconocer la problemática que pretende revertir esta política”.
“El mensaje que la nota pretende trasmitir es que las políticas de integración de los sectores más excluidos de la sociedad (entre ellas las mujeres-madres de más de siete hijos) son en realidad políticas clientelares que reproducen la pobreza” concluye el texto.