La Asociación le respondió al ministro e hizo varias aclaraciones sobre sus dichos y sobre el funcionamiento de la Justicia, entre ellas, pidió a la ciudadanía que asistan a los juicios orales y públicos para que entiendan el trabajo de los jueces y puedan opinar con fundamentos.
La entidad sostuvo que el Pérez Catán “confunde a la opinión pública” ya que se puede entender que “las audiencias en los tribunales penales son secretas, cuando ello no es así, pues el nuevo código procesal penal dispone que todas las audiencias deben ser públicas, precisamente para permitir el control de cualquier ciudadano sobre los fundamentos de la decisión de los jueces”.
Los magistrados afirmaron que, inclusive, “sería sano que cada vez fuera más gente a las audiencias para que se pueda opinar con algún grado de conocimiento y sensatez sobre cada uno de los hechos”.
“Esto último, si bien es un derecho de los ciudadanos, se transforma hoy en casi un deber para los dirigentes que quieran opinar con seriedad y responsabilidad sobre los hechos concretos y las decisiones judiciales, puesto que de lo contrario caen en opiniones efectistas y superficiales que solo sirven para el marketing político, pero que no aportan en nada a las soluciones concretas y lo único que hacen, en definitiva, es desinformar irresponsablemente a la opinión pública, poniendo de esta forma un granito de arena más a la desconfianza creciente de la gente hacia cualquier tipo de autoridad, lo que va en desmedro de la calidad institucional”, sostuvieron los jueces.
Respecto a los dichos del ministro Pérez Catán, la Asociación calificó como una “amenaza” los posibles inicios de juicios políticos. “Una vez más hay que repetir hasta el cansancio que la interpretación ÚLTIMA de las leyes en un Estado de Derecho le corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo ni al Legislativo que sólo intervienen en su sanción y ejecución a través de leyes y decretos”, recordó a entidad.
En defensa de las decisiones que toman los magistrados, la Asociación sostuvo que deben actuar “con imparcialidad y objetividad y sólo en base a pruebas concretas del hecho”. “Es decir, no pueden los jueces trabajar bajo ningún tipo de `presión` ni injerencia alguna de otro poder estatal o privado y esto es lo que ocurre concretamente cuando se trata de amenazarlos de cualquier forma, pues lo único que logran es que pierdan la serenidad y tranquilidad necesarias para juzgar”, acotó la entidad.
“Por último queremos recordar, una vez más, que no es el consenso ni la unanimidad de la opinión pública lo que lleva a condenar a una persona, sino únicamente las pruebas, ya que no existe consenso ni unanimidad alguna que pueda transformar en verdadero para los jueces, algo que no se puede probar”, concluyó.