04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024
Proyecto en marcha

Los legisladores buscan poder ejercer la abogacía

Mediante un dictamen, la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación dio vía a libre para ser tratado en el recinto un proyecto mediante el cual se modificaría la ley 22.192 en lo referente a las incompatibilidades para ejercer la abogacía. La propuesta busca sacar a los legisladores de la ley 22192 de manera que puedan ejercer la profesión en forma privada. TEXTO COMPLETO

 
Este martes en la reunión de la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se trató un proyecto que plantea la modificación de la Ley 22.192 en el artículo referente a las incompatibilidades para ejercer la abogacía. Se busca romper con “un régimen diferencial entre aquellos profesionales del derecho que ostentan la calidad de legisladores nacionales que realizan sus funciones profesionales en la Justicia Federal de la Capital Federal y los que la ejercían (antes de ser designados legisladores) en los ámbitos jurisdiccionales federales del resto del país”.

La iniciativa, impulsada por los diputados Juan Carlos Vega, Héctor Recalde, Beatriz Halak y el presidente de la comisión Luis Cigogna, plantea entre sus fundamentos que si se continua con la actual normativa se viola “el “derecho” de los abogados de continuar defendiendo los intereses de aquellos con quienes se comprometió antes de asumir sus funciones de mandatario parlamentario, o incluso durante el mismo”.

De esta manera el artículo en sus dos primeros artículos quedaría redactado de manera que quienes no pueden ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad serían “el Presidente y Vicepresidente de la Nación, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, el Procurador y Subprocurador del Tesoro de la Nación”(inciso a).

Mientras que el articulo b, incorporaría al Jefe de Gobierno y el Vice Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y “los abogados que ocupen cargos similares en las provincias a los indicados en el último párrafo del inciso a)”.

Según los impulsores del proyecto, estas modificaciones responden a la necesidad de cambiar el hecho de que “los profesionales sólo pudieran ejercer su profesión en la justicia federal de la Capital Federal”, lo que “ socava el federalismo argentino, concentrando el acceso al derecho y a la justicia sólo en un ámbito territorial y no garantizando los derechos del resto de los ciudadanos que conforman el territorio y, que se merecen ser defendidos en sus jurisdicciones federales por aquellos abogados a quienes inicialmente les confirieron tal mandato y que en casos particulares, de la capacidad y experiencia del profesional, dependerá que los resultados no sean adversos a sus clientes” consigan entre sus fundamentos.

La propuesta también incorpora a “los miembros de las Fuerzas Armadas e integrantes de sus tribunales, de sus cuadros u organizaciones y los funcionarios y autoridades integrantes de los cuerpos de Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Policías Provinciales, cuando las normas que regulen a dichas instituciones así lo dispongan”.

El proyecto de ley ya posee dictamen de comisión por lo que se encuentra habilitado para ser tratado en el recinto. No obstante, al cierre de esta edición, se estaba llevando a cabo la última sesión en la Cámara de Diputados, antes del parate que producirán las elecciones nacionales de junio. Este proyecto no forma parte del temario que estaban tratando proyecto.



dju / dju
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