La denuncia por presunta "falsificación de documento público, falsedad ideológica material y violación de los deberes de funcionario público", está relacionada con la modificación del artículo 33 de la norma, que especifica la fijación de los "servicio mínimo" durante una huelga o un paro nacional.
Asimismo, se reclamó la citación a indagatoria de todos los funcionarios que pudieran haber estado involucrados en las maniobras denunciadas.
Según señaló el abogado Hector Recalde, en la versión taquigráfica del texto aprobado en el Senado, no figuraba la palabra "intimatoriamente" (sic), la que si aparece en el texto publicado en el Boletín Oficial cuando fue promulgada la norma por parte del Poder Ejecutivo, el 2 de junio de este año.
En diálogo con Diariojudicial.com el letrado explicó que en el caso de que esa irregularidad hubiera sido introducida en la revisión de diputados, la norma debería ser declarada "nula" ya que la cámara baja la tendría que haber devuelto al senado.
Recalde denunció en ese sentido que "alguno de todos los funcionarios responsables de transcripción y publicación le agregaron una palabra mediante la que se le asigna al Ministerio de Trabajo mayores facultades que las que le otorgaba la ley realmente aprobada".
Al respecto subrayó que tal modificación implica una "clara violación a la Constitución Nacional", ya que "en un acto de corrupción se adulteró el texto".
La denuncia ante el juez que investiga los casos de sobornos en el Senado, precisamente a cambio de la aprobación de la ley de Reforma Laboral, se suma al reclamo de suspensión de la norma que días atrás efectuó la diputada aliancista Alicia Castro, y al reclamo que -ante la Cámara Alta- formuló la central sindical el miércoles.
"La presente ley es irregular desde su gestación debido a todas aquellas maniobras tendientes a vulnerar los principios y derechos reconocidos por la Constitución Nacional, a esta altura, sólo cabe al Parlamento un camino: la derogación inmediata y ejemplificadora de la ley cuestionada".