La presentación de los jueces Sergio Delgado, Axel López, Marcelo Peluzzi (a cargo de dos juzgados) y Néstor Costabel también incluye que se declare “la inmediata emergencia edilicia”, que se les permita designar a personal para conformar los equipos interdisciplinarios y que se suspenda la obligatoriedad de verificar el tratamiento de los condenados.
La presentación fue hecha el pasado 29 de mayo con el objetivo de “llamar la atención de las autoridades competentes, respetando la vía jerárquica, a fin de requerirles la adopción de urgentes medidas tendientes a solucionar la situación de colapso judicial en la que se encuentra este Fuero Nacional de Ejecución Penal de la Capital Federal desde, sin exagerar, sus comienzos”.
Los jueces describieron que en la actualidad deben tramitar cerca de tres mil expedientes de presos alojados en las cárceles federales de todo el país “un exceso y sobrecarga de expedientes en trámite”.
“Que ante este estado de cosas, encontrándonos ante un mínimo de posibilidades de proseguir con las tareas asignadas, corresponde requerir por intermedio de la Cámara Nacional de Casación Penal que se declare la inmediata emergencia judicial del Fuero de Ejecución Penal hasta tanto se encare con urgencia la solución a la problemática descripta, que consiste en dotar a los Tribunales de Ejecución Penal de los medios e infraestructura necesarias que nos permita desarrollar con eficacia la actividad jurisdiccional en el amplio espacio de la competencia otorgada”, reclamaron los jueces.
Los magistrados criticaron también que de los cinco juzgados del fuero dos de ellos, el 4 y el 5 todavía no están habilitados a pesar que sus magistrados, Peluzzi y Costabel, ya fueron designados el año pasado. “Que en virtud de la situación verificada en los actuales Juzgados Nacional de Ejecución Penal y la ausencia de espacio físico para el asentamiento de los dos nuevos juzgados, corresponde requerir por intermedio de la Cámara Nacional de Casación Penal que se declare la inmediata emergencia edilicia para los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal n° 4 y 5 de la Capital Federal hasta tanto se encare con urgencia la puesta en marcha de los mismos, con la dotación cercenada de empleados y funcionarios previstos en la ley”, explicaron.
Los jueces también reclamaron una alcaidía en el edificio de Alsina 1418, donde funcionan los juzgados, “con un circuito de traslado de los internos que se sustraiga a la curiosidad de las personas que allí concurren” y que se cumpla el artículo 29 de la ley 24.050 que “estableció que el Juez de Ejecución Penal será asistido por un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en medicina, psiquiatría, psicología, sociología, asistencia social y, en su caso, antropología”.
También solicitaron que no se cumpla el artículo 208 de la ley de Ejecución Penal 24.660 que establece que “el juez de ejecución o juez competente verificará, por lo menos semestralmente, si el tratamiento de los condenados y la organización de los establecimientos de ejecución se ajusta a las prescripciones de esta ley y de los reglamentos que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las observaciones y recomendaciones que resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio competente”.
Los magistrados explicaron que como hay cárceles en todo el país para cumplir con ese artículo deben disponer “periódicos viajes al interior por parte de funcionarios o de los propios magistrados, repercutiendo negativamente en el despacho diario y generando un recargo de tareas en el subrogante”. Por eso pidieron a Casación que se suspenda esa obligatoriedad hasta tanto se cree “una oficina a cargo de un funcionario que representará al tribunal en todo lo concerniente a las potestades que le asigna la ley procesal relativas a la ejecución de la pena”.