Tras la renuncia de su último titular, Eduardo Mondino, que tras 10 años de mandato dejó en abril último su cargo, la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación tiene pendiente la designación de su reemplazante.
En el texto del documento se hace hincapié en el rol fundamental que cumple la Defensoría del Pueblo en la protección de los derechos humanos y el control de los abusos e ilegalidades de la Administración Pública y de las empresas de servicios públicos.
“Quién ocupe un cargo de tanta relevancia debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley 24.284, y los que emanan de la propia Constitución y la forma democrática de gobierno” expresan las asociaciones.
El documento enumera una serie de cualidades que debe contar la persona que ocupe el cargo dejado por Mondito, por ejemplo una conducta pública que acredite idoneidad ética o moral, lo que implica contar con un reconocido compromiso con los derechos humanos. También menciona que cuente la mayor independencia de criterio posible respecto de la influencia del poder gubernamental de turno y de los grupos de interés, a fin de poder evaluar libremente las situaciones en las que debe intervenir y capacidades básicas en materia de gestión y experiencia de trabajo para establecer un plan estratégico que tome en cuenta las principales necesidades y urgencias reales de la sociedad.
Respecto de las condiciones que fortalecerán su labor y legitimidad al frente del cargo, el texto menciona que al tratarse de un órgano unipersonal, “esta legitimidad dependerá en buena medida del prestigio del que goce y de la falta de cuestionamiento de la que pueda ser objeto su titular”.
En cuanto al proceso de designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación se plantea la necesidad de garantizar a la ciudadanía la posibilidad de realizar un análisis exhaustivo de los antecedentes y experiencia previa de los/as candidatos/as, tal como establecen los Principios de París. Con ello se pretende una rigurosidad en el proceso que “refleje la centralidad de la misión del/la Defensor/a del Pueblo de la Nación”.
El documento elaborado por estas organizaciones cuenta con la adhesión de más de 100 organizaciones sociales, sindicatos, universidades y personalidades del ámbito académico. A ellos se suman más de cuarenta legisladores nacionales de todas las fuerzas políticas, tanto en ejercicio como electos en los comicios legislativos llevados a cabo el 28 de junio.
“Superar los déficits actuales y asegurar que el/la próximo/a Defensor/a del Pueblo sea una persona idónea, independiente y capaz, seleccionada mediante un procedimiento transparente y participativo, que trabaje al servicio de los sectores mas postergados de nuestro país” finaliza.